En una reciente actualización, la Hacienda Foral de Navarra ha hecho público un nuevo informe que detalla la situación de los deudores en el territorio. Según el informe, a finales de 2024, se registraron 664 obligados tributarios que suman una deuda total de 322,4 millones de euros. Este dato representa un aumento de 11 deudores en comparación con el año anterior, y un incremento de 2,8 millones en las deudas acumuladas.

El incremento en el número de deudores se debe, en parte, a la inclusión de 42 nuevos nombres en la lista. Sin embargo, 31 contribuyentes han logrado salir de este registro por diversas razones, como la finalización de sus procesos de concurso de acreedores, la reducción de su deuda por debajo del umbral de 120.000 euros o acuerdos de aplazamiento en sus pagos, tal como explicaron las autoridades forales.

La distribución de la deuda revela que el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es el más significativo, concentrando 105,1 millones de euros. Las sanciones ocupan el segundo lugar con 60,3 millones, seguidas de los expedientes de aplazamiento no resueltos que suman 50,3 millones, lo que refleja un panorama tributario complejo en la región.

Cuando se analiza por sectores económicos, la construcción y la promoción, junto con el comercio y la hostelería, son las áreas que enfrentan las mayores cargas tributarias. En el sector de la construcción, 219 deudores acumulan una deuda total de 107,5 millones, aunque esta cifra ha disminuido desde el año anterior. Por su parte, el sector comercio y hostelería cuenta con 147 deudores y una deuda de 70,7 millones, concentrando entre ambos más del 55% del total de la deuda registrada.

En términos de la naturaleza de los deudores, el 76,31% son entidades jurídicas, y un notable 90,83% residen en Navarra. Además, se ha reportado que 64 deudores, equivalente a un 9,64%, se encuentran actualmente en concurso de acreedores.

La publicación de este informe no solo responde a la obligación legal estipulada en el artículo 105 bis de la Ley Foral General Tributaria, que requiere la divulgación de deudas que superen los 120.000 euros y que estén firmes, sino que también es un paso hacia la transparencia en la gestión tributaria. Antes de revelar esta lista, todos los afectados fueron debidamente notificados sobre su posible inclusión.