Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, ha solicitado al Tribunal Supremo la suspensión de su declaración programada para el miércoles 25 de junio. A través de su abogado, ha pedido que se le cite en julio, para garantizar que su defensa tenga el tiempo necesario para revisar la documentación relacionada con el caso que enfrentan él y otros políticos del PSOE.

En el escrito presentado ante el juez Leopoldo Puente, encargado de la investigación sobre el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García, Cerdán advierte que, si se rechaza su solicitud, ejercerá su derecho a no declarar en la fecha programada. Este proceso está vinculado a una supuesta trama de cobros ilegales a cambio de adjudicaciones de obras públicas, en la que se investiga su posible implicación.

El abogado del exdirigente socialista, Benet Salellas, subraya que cada investigado debe contar con el tiempo adecuado para preparar su defensa, lo que justifica la petición de Cerdán. La complejidad del caso, que involucra diversos delitos y numerosos actores, hace crucial una revisión exhaustiva de los documentos disponibles.

Salellas también ha enfatizado la seriedad de la solicitud, indicando que la negativa a la misma podría llevar a Cerdán a optar por no declarar durante la citación del 25 de junio y a reiterar su solicitud de una nueva comparecencia. Sin embargo, el abogado ha señalado que Cerdán no estaría disponible para comparecer el 3 de julio debido a un compromiso previo en Barcelona.

El juez Puente le ofreció la oportunidad de declarar de manera voluntaria tras recibir un informe de la Guardia Civil que incluye grabaciones relevantes que involucran a Koldo García. Este ofrecimiento tuvo lugar cuando Cerdán aún era diputado, aunque posteriormente renunció a su cargo y cambió de abogado.

Previo a la declaración de Cerdán, se espera que Ábalos y García también comparzcan ante el Tribunal Supremo el 23 de junio, en calidad de investigados. Este interludio podría influir en el contexto de la comparecencia de Cerdán.

Además, la defensa ha solicitado al magistrado que la Policía Judicial entregue urgentemente una escritura de compraventa que establece que Cerdán poseía el 45% de la empresa Servinabar, relacionada con las adjudicaciones de obras públicas investigadas. Se ha descubierto que esta compañía recibió contratos del Gobierno de Navarra por un valor superior a 75 millones de euros.

El documento en cuestión, recuperado por la Guardia Civil, es clave para que la defensa de Cerdán pueda realizar las verificaciones necesarias y preparar su declaración en relación con este aspecto del caso. Su abogado busca garantizar que se compruebe la autenticidad de la escritura y su relevancia dentro de la causa.

La inclusión de Cerdán en este procedimiento se basa en el reciente informe de la UCO, que lo identifica como un actor central en supuestos esquemas de corrupción relacionados con las adjudicaciones de obras públicas. Inicialmente, su papel habría disminuido en la gestión de pagos hacia Ábalos y García, pero ha ganado protagonismo a medida que avanza la investigación.

Los agentes han determinado que la actividad de Cerdán y García comenzó en Navarra, donde ambos mantenían relaciones cercanas debido a su implicación en la política local, y desde 2015 se observó una continuidad en sus vínculos con empresas como Acciona.

La UCO explica que el caso comenzó a gestarse a partir de un proyecto minero en la región, donde Servinabar fue contratada en un consorcio que incluye a Acciona. Cerdán, al ser nombrado secretario de Coordinación Territorial del PSOE, se trasladó a Madrid y comenzó a promover a García, lo que eventualmente le permitió acceder a influencias en la adjudicación de contratos y en nombramientos en el Ministerio de Transportes.

Los documentos e interceptaciones revelan la red de relaciones que han otorgado a Cerdán y García capacidad de influencia sobre concesiones de obras, destacando la importancia de su conexión con figuras clave en la administración pública.

Los fiscales conocieron sobre los presuntos amaños de contratos, donde Cerdán fue mencionado no solo como referente de pagos, sino también como un vínculo decisivo en las decisiones del Ministerio de Transportes. Las discrepancias en la gestión de pagos y las conversaciones interceptadas han expuesto un entramado que vincula a Cerdán con supuestas irregularidades que han sacudido tanto al PSOE como a las instituciones responsables de las adjudicaciones de obras en España.