Recientemente, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al Tribunal Supremo un contrato de compraventa que llama la atención sobre la relación del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con la empresa Servinabar 2000, en el marco de investigaciones sobre una presunta trama de corrupción en la adjudicación de obras públicas.

Documentos obtenidos durante una inspección en el hogar del empresario Joséba Antxón Alonso Egurrola, actual investigado y administrador de Servinabar, revelan que Cerdán adquirió un 45% de la compañía por 6.000 euros, justo cuando esta empresa obtuvo contratos del Gobierno de Navarra por un total de más de 75 millones de euros.

A pesar de que la UCO ya había comunicado previamente al Tribunal Supremo la retención de este contrato, este martes se presentó un informe más detallado al que tuvo acceso Europa Press. El documento, datado en el 1 de junio de 2016, está firmado tanto por Cerdán como por Alonso Egurrola, y lleva el sello oficial de Servinabar en su última página.

La entrega de esta información se produjo a solicitud del magistrado Leopoldo Puente, quien está investigando al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con estas adjudicaciones. En respuesta, la UCO aportó el contrato requerido, facilitando las pruebas necesarias para la investigación.

El contrato estipula que Alonso Egurrola, propietario de 3.000 participaciones de la sociedad, transfiere 1.350 de ellas a Santos Cerdán a un precio de 6.000 euros, declarando que ha recibido este monto, lo que se detalla claramente en el documento.

Ambos firmantes acordaron que cualquier disputa relacionada con el contrato sería resuelta por los tribunales de Navarra. La defensa de Cerdán ha solicitado también que la Policía Judicial envíe de forma rápida una copia del documento al Supremo, argumentando la necesidad de realizar las verificaciones pertinentes y cotejarlo ante un notario.

La implicación de Cerdán en este caso se ha intensificado gracias a un informe de la UCO que lo señala como una figura importante en una presunta red de cobro de comisiones por obras públicas. Aunque su papel ha variado a lo largo del tiempo, inicialmente se le atribuyó la gestión de pagos a Ábalos y García, quienes pudieron haber recibido unas mordidas de hasta 620.000 euros de la constructora Acciona.

El inicio de esta operativa, según la UCO, se localiza en Navarra, donde los vínculos entre Cerdán, García y la empresa son notables. Desde 2015, se ha observado una continuidad en sus relaciones con Acciona, destacando un proyecto de explotación minera que involucraba a Servinabar y que, a su vez, despertó la atención de investigadores debido a su relación con Geoalcali.

La UCO ha advertido acerca de la falta de transparencia en las adjudicaciones de obras dentro del Ministerio de Transportes, destacando un momento crucial en el que Ábalos instruyó a Koldo para que se comunicara con Santos antes de tomar decisiones, a pesar de que este último no ocupaba un cargo oficial en ese momento.

El papel de Cerdán como gestor de pagos ha sido detallado en el informe, que menciona que las comisiones de Acciona habrían sido recibidas por Ábalos y Koldo, y gestionadas a través de Cerdán. Se reporta que, aunque se habrían percibido 620.000 euros, todavía quedaban 450.000 euros pendientes según afirmaciones de Koldo.

En una interceptación de conversación, Koldo le informó a Cerdán sobre los 550.000 euros que Ábalos había recibido de dos adjudicaciones en Murcia, señalando que quedaban 450.000 euros por cobrar. Cerdán afirmó su intención de recuperar ese dinero, expresando su determinación: "Voy a ir a por todo, voy a ir a pedir todo".