Las autoridades han lanzado una exhaustiva investigación en torno a Santos Cerdán, ex secretario de Organización, quien está bajo la lupa por sus movimientos financieros. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez del Tribunal Supremo que se encargue del denominado 'caso Koldo' que se dirija a la Agencia Tributaria para que se elabore un informe detallado sobre las cuentas bancarias y los activos en el extranjero de Cerdán desde 2014 hasta 2024.

Este miércoles, la UCO dejó claro que Cerdán ya no cuenta con el aforamiento que solía protegerlo, y ha instado al magistrado a que inicie acciones judiciales dirigidas a instituciones bancarias como BBVA y Caixabank. El objetivo es obtener información sobre cinco cuentas en las que el exdirigente ha estado involucrado, excluyendo aquellas directamente asociadas al PSOE o a la Fundación Pablo Iglesias.

El informe solicitado por la UCO no se limitará solo a las cuentas, sino que abarcará información sobre los bienes inmuebles de Cerdán, sus lazos societarios, inversiones, facturas e interacciones con terceros. Además, se busca clarificar los ingresos generados por arrendamientos, transacciones intracomunitarias y su historial fiscal, que incluye declaraciones de IRPF, IVA y Sociedades.

Por otro lado, los investigadores demandan a las entidades bancarias que entreguen todos los datos sobre productos financieros adquiridos por Cerdán, así como el estado de estas inversiones y la identificación de todos los titulares y autorizados para sus cuentas. La UCO también requiere detalles sobre las cajas de seguridad que el ex secretario pudiera tener contratadas.

Además, las autoridades quieren obtener información sobre cualquier posible indicio relacionado con el blanqueo de capitales que haya sido reportado al SEPBLAC, así como el historial de movimientos bancarios superiores a 300 euros.

Cerdán fue vinculado a esta investigación el pasado 12 de junio, tras el análisis de diversas grabaciones provenientes del móvil de Koldo García, ex asesor del ministro José Luis Ábalos. El informe de la UCO sitúa a Cerdán en el centro de un posible esquema de cobro de comisiones relacionadas con obras públicas, donde sus funciones habrían ido variando a lo largo del tiempo, desde gestionar pagos hasta desempeñar un papel crucial en la trama.

Informes recientes han revelado que un documento encontrado durante un registro en el hogar de Joseba Antxón Alonso Egurrola indica que Cerdán posee un 45% de Servinabar, una de las empresas implicadas en la presunta red de corrupción en obras públicas. Este negocio ha logrado adjudicaciones del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros, lo que ha aumentado aún más el interés de los investigadores.

Además, durante los registros realizados la semana pasada, se descubrió una escritura privada que documenta la transferencia de participaciones entre Cerdán y Alonso Egurrola. Firmada el 1 de junio de 2016, este acuerdo formaliza la transferencia de 1.350 participaciones de la sociedad, lo que corresponde a un 45% de su capital social.