El pasado 3 de julio, la Policía Nacional anunció el cierre de la 'Operación Bachata', resultando en la captura de 16 individuos implicados en un inquietante caso de extorsión digital que ha afectado a varias personas a lo largo de España.

La iniciativa para investigar este entramado delictivo surgió tras la valiente denuncia de un joven de Pamplona, quien, bajo la presión de amenazas graves, terminó desembolsando 20.000 euros. Fue su propia familia, preocupada por su bienestar y su evidente estado de temor, la que le impulsó a acudir a la policía, un paso crucial para dar inicio a las indagaciones por parte de la Brigada Provincial de Policía Judicial.

A medida que avanzaba la investigación, se descubrió que al menos otras nueve víctimas habían sido objeto de prácticas similares en distintos lugares del país, acumulando más de 100.000 euros en pagos de extorsión. Esta alarmante cifra subraya la necesidad urgente de proteger a los usuarios de plataformas de citas, que a menudo se convierten en blanco de este tipo de delitos.

Los miembros de la organización no solo utilizaban amenazas verbales, sino que también recurrían a métodos intimidatorios más visuales, como enviar imágenes de Google Maps de las residencias de sus víctimas. Además, empleaban fotografías de redes sociales y vídeos perturbadores para acentuar el miedo y presionar a las personas a cumplir con sus demandas de pago.

Agentes de la Brigada de Policía Judicial, con la colaboración de diversas comisarías en ciudades como Madrid, Palencia, y Málaga, entre otras, realizaron múltiples arrestos en varios puntos de la geografía española. La operación destapó una red más amplia de colaboradores que facilitaban la recolección de dinero extorsionado, además de identificar a dos individuos que se consideran líderes del grupo criminal. No obstante, la causa sigue abierta, ya que aún se busca a otros dos sospechosos que podrían estar fuera del país.

Debido a la magnitud del caso y la dispersión de las víctimas, el Juzgado Central de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional ha tomado la responsabilidad de seguir con la investigación, marcando un paso importante hacia la justicia y la reparación para quienes han sufrido estas atrocidades.