El Tribunal Supremo ha establecido un importante precedente al señalar que los consumidores tienen el derecho a recuperar su dinero en casos de estafas bancarias, siempre y cuando no se pueda demostrar que actuaron con negligencia. Esta determinación ha sido recibida con entusiasmo por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache, que anima a las víctimas de ataques de phishing a reclamar a sus respectivos bancos.

En los últimos años, el número de ciudadanos que ha denunciado haber sufrido estos tipos de engaños ha crecido de manera alarmante. Irache ha señalado que muchos de quienes se han acercado a la asociación por ayuda han podido, en ocasiones, recuperar sumas significativas tras emprender acciones legales. "Los jueces han apoyado a estos consumidores, devolviéndoles miles de euros que les fueron sustraídos", informaron en un comunicado.

Las técnicas empleadas por los estafadores son cada vez más sofisticadas; utilizan correos electrónicos y mensajes falsos que pretenden hacerse pasar por las instituciones bancarias para obtener información confidencial, como contraseñas y números de cuenta. Una vez que logran que la víctima comparta estos datos, el dinero es desviado o se realizan compras fraudulentas.

Un caso emblemático que llegó a los tribunales involucraba a un hombre que perdió más de 83.000 euros en una estafa de este tipo. El tribunal determinó que el banco solo puede eludir la responsabilidad si demuestra que el usuario actuó de manera imprudente, como guardar sus contraseñas en un lugar de fácil acceso para otros.

La sentencia destaca que el afectado actuó adecuadamente al informar a su banco sobre la estafa, lo que debería haber desencadenado una respuesta proactiva por parte de la entidad, incluyendo la provisión de nuevas credenciales, ya que las anteriores estaban comprometidas.

El alto tribunal enfatiza que recae en el banco la carga de la prueba para demostrar que el cliente tenía un comportamiento negligente. Si no pueden aportar evidencia que lo substancie, estarán obligados a restituir el dinero perdido por el afectado. Esto recalca que, aunque terceros tengan acceso a las credenciales, el banco sigue siendo responsable y no puede trasladar la carga de la pérdida al cliente.

Adicionalmente, el Supremo reclama que los bancos implementen sistemas de seguridad más robustos para detectar transacciones sospechosas y proteger a los consumidores de fraudes. Por su parte, los usuarios tienen la responsabilidad de alertar a su banco sobre cualquier actividad anómala tan pronto como se enteren de ella.

Irache ha manifestado que esta decisión judicial representa un fortalecimiento de la protección para quienes padecen estafas bancarias. Se recomienda a las víctimas actuar rápidamente, informando a su entidad financiera de la situación de inmediato, además de presentar denuncia y reclamar el reembolso de las cantidades perdidas.