En una reciente sesión del Senado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reafirmado su compromiso con las víctimas del terrorismo al anunciar un incremento significativo en la asignación presupuestaria destinada a sus indemnizaciones. Este aumento, que llevará la partida a 38 millones de euros, busca equiparar las compensaciones para quienes han sufrido a causa de ETA, incluyendo aquellos casos que no cuentan con sentencia condenatoria o que aún permanecen sin resolver.

La afirmación de Marlaska surge como respuesta a la senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN), María Caballero, quien destacó la necesidad de que el Gobierno actúe con la misma urgencia en relación a las víctimas que se ha mostrado en el trato hacia los presos de ETA. Caballero recordó que este compromiso del Ejecutivo estaba pendiente desde la aprobación de la ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo en 2011.

Durante su intervención, el ministro garantizó que la propuesta de Presupuestos del Ministerio ya incluye esta iniciativa, señalando su esperanza en que la ley se apruebe para el próximo año. “Hemos fijado un incremento de 25 millones de euros en la partida de indemnizaciones a víctimas del terrorismo, que pasará de 13 millones a 38 millones”, afirmó Marlaska, subrayando la importancia de contar con el apoyo de los distintos grupos políticos para que esta medida sea una realidad.

Sin embargo, la senadora Caballero consideró que la cifra propuesta es insuficiente, enfatizando que el compromiso del Gobierno no debe quedar solo en términos numéricos, sino que debe traducirse en acciones concretas que beneficien a las víctimas. Según el ministro, este compromiso se extendería en varios ejercicios, una promesa que espera se concrete con acciones efectivas.

Marlaska también expresó la intención del Gobierno de cubrir los gastos relacionados con esta equiparación, defendiendo la gestión del Ejecutivo en favor de las víctimas. Mencionó iniciativas como la apertura del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo en Vitoria y el aumento de subvenciones para asociaciones y fundaciones que apoyan a estas víctimas.

Por su parte, Caballero criticó la lógica detrás de las decisiones presupuestarias del Gobierno, cuestionando por qué los acuerdos beneficiosos para los presos de ETA parecen alcanzar una celeridad que las demandas de las víctimas del terrorismo no reciben. “Lo que es de justicia espero de usted que lo cumpla, independientemente de si nosotros apoyamos sus presupuestos o no”, aseveró, añadiendo que la cantidad destinada para el primer año le parece escasa tras revisar los números disponibles.

En este contexto, las indemnizaciones actuales para las víctimas con sentencia oscilan entre 500.000 y 750.000 euros, dependiendo de la gravedad del daño, mientras que para aquellos casos sin sentencia, las cantidades son notablemente menores, ubicándose en 250.000 y 500.000 euros. Estas cifras reflejan la necesidad urgente de revisar y ajustar las políticas de indemnización para asegurar que se haga justicia a todas las víctimas del terrorismo.