En una reunión celebrada en Pamplona, la representación navarra de la Junta de Transferencias respaldó la propuesta del Gobierno de España para aplicar las sentencias del Tribunal Supremo que anularon parcialmente el Real Decreto 252/2023, referente al traspaso de funciones en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor a la Comunidad foral de Navarra.

Este respaldo implica la modificación de dicho Real Decreto, la cual deberá ser ratificada posteriormente por la comisión mixta de la Junta de Transferencias.

Dos modificaciones, originadas en una sentencia con plazo límite en julio, se acordaron en la reunión. En primer lugar, se eliminan las funciones de "detectar infracciones" de la Comunidad foral, ya que el Tribunal Supremo determinó que no puede llevar a cabo estas tareas sin una modificación previa de la ley orgánica 13/1982. En segundo lugar, se amplía el plazo máximo para la transferencia de funciones relacionadas con la tramitación y recaudación de sanciones hasta el 1 de julio de 2026.

Félix Taberna, vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, destacó que este acuerdo forma parte de la ruta hacia la modificación del Amejoramiento para asegurar el traspaso de competencias.

La votación en la Junta de Transferencias reveló que UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin respaldaron el acuerdo, mientras que PPN y Vox votaron en contra. En la reunión estuvieron presentes varios representantes del Ejecutivo foral y de los partidos políticos.

Taberna explicó que la sentencia del Supremo señaló que Navarra no tenía competencia en detección de infracciones, por lo que era necesario acceder a estas competencias mediante la delegación por parte del Gobierno de España o bien a través de la reforma del Amejoramiento.

La reunión telemática de la Junta de Transferencias programada para el 23 de julio buscará refrendar el acuerdo para modificar el Real Decreto de transferencias de 2023 por parte del Gobierno de España.

La reforma del Amejoramiento, de aprobarse en enero de 2025, requerirá un nuevo Real Decreto de transferencias para restablecer las competencias que fueron objeto de la sentencia del Supremo.

Taberna expresó su confianza en que la reforma se remita al Congreso y al Senado de España cuanto antes, con la intención de garantizar una mayoría suficiente en el proceso legislativo.