PAMPLONA, 17 de enero.

La coordinadora de Podemos Navarra, Neniques Roldán, ha denunciado el proyecto de la Mina Muga, al que describe como "minería especulativa". Durante una reciente mesa redonda titulada 'Mina Muga. Contaminación y corrupción', Roldán expresó su preocupación por el hecho de que las instituciones busquen financiamiento público para proyectos como este, mientras ignoran numerosas advertencias tanto científicas como sociales.

El evento, llevado a cabo en Civivox Condestable, reunió a varios expertos, incluidos Carmen Tejero de Alianza Verde, Antonio Aretxabala, un geólogo independiente, y Enrique Miranda, representante de la Plataforma Unitaria contra las Minas de Potasa de Bal d'Onsella y la Sierra del Perdón. Roldán, quien moderó la discusión, resaltó que "han pasado doce años desde el inicio del proyecto y no hay mina, ni empleo estable, ni desarrollo para la comunidad. Lo que sí ha ocurrido es un claro enriquecimiento privado".

Roldán criticó cómo una pequeña empresa, amparada por una Ley de Minas de la época franquista, logró obtener permisos que le permitieron aumentar su valor de 3.000 a 15 millones de euros sin haber realizado ninguna actividad minera. "Esto no representa minería productiva ni una transición justa; es, sin duda, minería especulativa", afirmó con firmeza.

A través de un comunicado, Roldán cuestionó el papel de las instituciones al buscar financiamiento para estos proyectos, sugiriendo que "no tiene sentido que la presidenta de Navarra apoye este tipo de iniciativas empresariales mientras se ignoran las preocupaciones sobre el territorio y la confianza en las instituciones". Enfatizó que "cuando se trata de un proyecto tan significativo, cuyas posibles repercusiones pueden ser permanentes, no podemos darnos el lujo de mirar hacia otro lado".

Antonio Aretxabala subrayó la importancia de "priorizar el conocimiento científico en las decisiones públicas, especialmente en proyectos de alto impacto ambiental". Señaló que "la única opción viable es el decrecimiento o enfrentarse a un empobrecimiento inminente", y advirtió que "desatender los límites físicos y geológicos solo conducirá a un deterioro irreversible del ambiente y de la calidad de vida".

Enrique Miranda, quien compartió su experiencia sobre los problemas que ha enfrentado su comunidad debido a la antigua mina de potasa del Perdón, enfatizó que "durante más de 35 años hemos padecido hundimientos y grietas en las viviendas". Explicó que en 2013, la negativa del Ayuntamiento y de las entidades locales fue crucial para evitar la reactivación de las prospecciones, algo que sí tuvo lugar en otros lugares como Sangüesa y ciertos municipios aragoneses. Según él, "la única barrera real contra este proyecto ha sido la oposición social, que ha protegido el bienestar del territorio".

Desde Alianza Verde, Carmen Tejero destacó la necesidad de "mantener la independencia técnica en las evaluaciones ambientales y proteger a los empleados de la administración pública". Subrayó que los informes ambientales deben ajustarse a la realidad del entorno geológico, climático y social, y no a los intereses de las empresas. Tejero advirtió que presionar para diluir requisitos técnicos no solo compromete el medio ambiente, sino también la credibilidad de las instituciones. "Los funcionarios que actúan con seriedad merecen apoyo político y social, no deben sentirse cuestionados por cumplir con criterios técnicos", concluyó.