Elizondo, 15 de abril. En un claro acto de resistencia, los empleados del centro hospitalario Benito Menni, especializado en salud mental, han anunciado una nueva huelga que se llevará a cabo del 21 al 30 de abril. La razón detrás de esta decisión es la percepción de un estancamiento por parte del Gobierno de Navarra, que, según ellos, está perpetuando una alarmante situación de precariedad laboral y desatención al deterioro en la calidad de los servicios que ofrecen.

El sindicato ELA ha expuesto en un comunicado que "el Gobierno de Navarra está condenando a las mujeres empleadas en los servicios subcontratados a vivir en condiciones de vulnerabilidad". Asimismo, han criticado la complicidad del gobierno en el deterioro tanto de la atención a los pacientes como de las condiciones laborales de los trabajadores.

Según la información proporcionada, la situación se ha visto agravada por el cierre de uno de los tres edificios del centro en Elizondo, acción que, según dicen, fue autorizada por el Gobierno de Navarra. Con esta decisión, la empresa ha reubicado a 36 usuarios que residían en el edificio de Bertiz, lo cual, denuncian, ha repercutido negativamente en la calidad del servicio y ha llevado a despidos entre el personal, así como a cambios perjudiciales en sus condiciones de trabajo.

ELA ha subrayado que la reubicación de los pacientes ha provocado la mezcla de individuos con diferentes perfiles de dependencia, generando situaciones potencialmente peligrosas para los más vulnerables dentro del centro, lo cual pone en cuestión el bienestar de los usuarios.

Los efectos de esta reestructuración han impactado directamente a 42 trabajadores, con 33 siendo despedidos, enfrentándose a despidos encubiertos o cambios en sus funciones y jornadas laborales. La plantilla clama por la intervención del Gobierno de Navarra, que es el responsable de subcontratar estos servicios que, según consideran, deberían ser prestados de manera pública y no como un negocio que prioriza el beneficio financiero sobre la atención adecuada.

El sindicato ELA insiste en que el Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la calidad del servicio y de asegurar la correcta infraestructura para una atención óptima. Además, exigen la restitución de una plantilla adecuada que cuente con condiciones laborales justas y dignas.

La organización también ha señalado que la precariedad y la brecha de género se ven exacerbadas cuando las instituciones que financian la subcontratación no invierten lo suficiente en mantener salarios dignos en estos sectores predominantemente ocupados por mujeres. "Es fundamental que el Gobierno de Navarra considere el presupuesto necesario para terminar con la precariedad en los puestos de trabajo subcontratados", afirmaron.

Por último, el sindicato ha dejado clara su postura: la movilización de la plantilla de Benito Menni no cesará hasta que se logren los objetivos necesarios para mejorar sus condiciones laborales y la calidad del servicio que prestan.