En Pamplona, a fecha del 14 de enero, se ha presentado una nueva convocatoria de huelga en el sector de la educación pública de Navarra, agendada para el próximo 30 de enero. Esta iniciativa ha sido registrada por los representantes de los sindicatos Steilas, LAB, CCOO y ELA ante el departamento de Educación del Gobierno de Navarra, con el propósito de reabrir el proceso de negociación y garantizar condiciones justas para todos los involucrados.

Durante una rueda de prensa, Unai Álava de CCOO y Josu Arraiz de LAB expusieron la situación actual. Según Álava, el profesorado ha mostrado su fuerte movilización y preocupación ante las dificultades en las que se desarrolla la labor educativa. "Hemos vivido dos huelgas al inicio del curso que reflejan claramente el descontento del profesorado acerca de sus condiciones laborales y la situación del sistema educativo público", afirmó. A su vez, criticó el reciente acuerdo, considerándolo insuficiente y unilateral por parte del departamento, lo que ha cerrado las puertas a un diálogo verdaderamente constructivo.

Álava también mencionó la postura de los sindicatos ANPE, Afapna y UGT, quienes apoyaron el acuerdo. Subrayó que, aunque estos compañeros aceptaron el pacto, las demandas legítimas del sector persisten, y por esta razón, los sindicatos firmantes del nuevo anuncio de huelga continuarían con las movilizaciones para asegurar que el proceso de negociación se retome adecuadamente y con garantías reales.

El representante de CCOO destacó que el movimiento culminará el 30 de enero con la huelga, con la esperanza de que el departamento de Educación reconozca la situación tras las dos movilizaciones previas, y se muestre receptivo a las demandas de la comunidad educativa, las cuales fueron expresadas de manera contundente en ocasiones anteriores.

En contraste con las anteriores movilizaciones, Álava indicó que esta vez algunos sindicatos no están dentro de la convocatoria de huelga, y enfatizó la importancia de aplicar los acuerdos ya firmados. "Consideramos que lo firmado debe ser cumplido y, por ende, los sindicatos no firmantes continuaremos luchando para que los resultados de las negociaciones tengan un impacto real en nuestras aulas", declaró.

Por su parte, Josu Arraiz destacó que los sindicatos presentes son una representación mayoritaria de la educación pública y que, de hecho, la mayoría sindical no ha respaldado el acuerdo que consideran ineficaz. "El acuerdo firmado no tiene valor real y es visto como un simple gesto sin consecuencias para el futuro", insistió.

Arraiz también expresó su preocupación respecto a las medidas acordadas con el departamento de Educación, las cuales, según él, no se implementarán antes del curso 2025-2026, a menos que se firme un nuevo pacto educativo en abril. "Esto plantea dudas sobre si realmente estas medidas se llevarán a cabo, ya que no hay garantía de que dicho pacto se formalice", advirtió.

En relación al prometido pacto educativo, Arraiz mencionó que aún no han recibido información clara del departamento sobre los términos de negociación, lo que deja el proceso en un estado incierto. "Creemos que un pacto de esta magnitud requiere tiempo, preparación adecuada y un consenso sólido entre todas las partes", agregó.

El 21 de enero se celebrará una mesa sectorial donde los sindicatos buscarán conocer las propuestas del Departamento. "Nuestro compromiso es mantenernos abiertos al diálogo. Sin embargo, la huelga es una herramienta necesaria para presionar a la reanudación de las negociaciones, que se rompieron de manera unilateral en diciembre", enfatizó Álava.

Finalmente, al ser interrogado sobre las posibilidades de reabrir los diálogos, Arraiz manifestó que "debería ser posible". Resaltó la exigencia de la mayoría sindical para que se retome la negociación, con la intención de obtener más medidas que beneficien a la educación pública. "Incluso aquellos sindicatos que firmaron el acuerdo original podrían coincidir en la necesidad de seguir buscando nuevas soluciones", concluyó.