PAMPLONA, 16 de diciembre. El Ayuntamiento de Tudela ha llevado a cabo un importante movimiento legal al presentar un requerimiento al Gobierno de Navarra, antes de considerar un recurso contencioso. Este requerimiento solicita que se "derogue, revoque o archive" la resolución del 5 de noviembre, que otorgó la Autorización Ambiental Integrada y la autorización para actividades en suelo no urbanizable a la empresa Nilsa, lo que permitiría la construcción de una planta de fangos y biogás en Tudela bajo circunstancias muy cuestionables.

Durante una rueda de prensa, el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, enfatizó que su intención no es provocar un enfrentamiento, pero tampoco aceptar pasivamente decisiones que considera perjudiciales para la ciudad y sus habitantes. Criticó abiertamente la "falta de transparencia" y el "oscurantismo" por parte del Gobierno de Navarra y la empresa Nilsa, acusándolos de engaños y falta de lealtad institucional.

Toquero explicó que, a pesar de que el Gobierno de Navarra había afirmado que Tudela se beneficiaría de una moratoria sobre este tipo de instalaciones, en un tiempo récord de 72 horas se aceleraron todos los trámites necesarios, incluida la audiencia con Nilsa, para que la autorización estuviera lista antes de que la nueva ley fuera publicada oficialmente, el 13 de noviembre. Esto permitió que el proyecto de Tudela eludiera la moratoria estipulada.

A su juicio, resulta "claro" que tanto el director general de Medio Ambiente como el consejero recibieron órdenes específicas para asegurar que los planes de Nilsa no se vieran afectados, lo que implica un comportamiento desleal que refleja una interpretación arbitraria de la cooperación entre administraciones. Toquero sostuvo que no existe ningún acuerdo formal con el Ayuntamiento que respalde la concesión acelerada de esta autorización.

También señaló que el Plan Director vigente no menciona la necesidad de una planta centralizada de fangos para procesar los lodos generados en el sur de Navarra, lo que contradice las afirmaciones de Nilsa en su propuesta técnica. Asimismo, aseguró que la instalación que pretenden construir no estaba contemplada en los planes cuando se elaboró el Proyecto del Ciclo del Agua para 2019-2024.

Toquero denunció que esta situación es resultado de una serie de decisiones improvisadas y la falta de respeto por parte del Gobierno de Navarra, que han distorsionado el marco de cooperación establecido, ignorando cualquier voz crítica del Ayuntamiento. Subrayó que la ley es clara al prohibir el desarrollo de instalaciones que no cuenten con el respaldo explícito de los instrumentos de planificación y la autorización municipal.

El alcalde expresó su frustración al señalar que tanto el Gobierno como Nilsa están intentando pasar por encima de las competencias del Ayuntamiento, enfatizando que arrojan oscuridad sobre un proceso que debería ser transparente. Afirmó que la directora general lo había acusado de desinformar, a pesar de que él había recibido garantías sobre la inclusión de Tudela en la moratoria.

En su intervención, Toquero lamentó la falta de responsabilidad política que podría derivarse de estas acciones, señalando que tal frivolidad merece consecuencias. En particular, hizo énfasis en que ella ha engañado al afirmar que la Autorización Ambiental Integrada se había tramitado de manera convencional, algo que resulta implausible ante la velocidad inusitada con que se llevaron a cabo los trámites para Nilsa.

El alcalde instó a la directora general a que, de sentirse difamada, se defendiera en los tribunales. Afirmó que su falta de sinceridad para favorecer a una de las partes en el conflicto hace que el Gobierno de Navarra, dirigido por María Chivite, haya perdido su credibilidad.

Toquero concluyó subrayando la disposición del Ayuntamiento para cerrar este asunto de manera cordial, aunque dejó claro que si no se anula la autorización en el tiempo estipulado, se verá obligado a interponer el recurso correspondiente. También subrayó la necesidad de establecer un nuevo acuerdo de cooperación que defina adecuadamente las relaciones entre el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento antes de proceder con cualquier trámite relacionado con la polémica instalación.