PAMPLONA, 15 de agosto.

La formación política UPN ha demandado tanto al Gobierno de Navarra como al Ayuntamiento de Pamplona que tomen una postura activa como acusación en los procedimientos judiciales que se desencadenen tras las recientes detenciones en el antiguo edificio de la Ikastola Jaso. Además, han solicitado que se gestione la expulsión de los extranjeros involucrados.

Esta solicitud surge tras la intervención de la Policía Foral, que ha llevado a cabo la detención de trece hombres en la mencionada instalación, de los cuales cinco están acusados de delitos contra el patrimonio y ocho por lesiones en el contexto de una pelea.

UPN ha fundamentado su petición en el artículo 89.1 del Código Penal, argumentando que tanto el Gobierno de Navarra como el Ayuntamiento deberían presentarse como acusadores en los procesos legales iniciados, buscando no solo penas de prisión, sino también la expulsión de estos individuos del territorio español, prohibiéndoles el reingreso.

A través de un comunicado, UPN ha destacado que “en las últimas semanas se han producido numerosos incidentes de considerable gravedad, incluyendo riñas con armas blancas, robos, agresiones y ataques a las fuerzas de seguridad, a quienes se ha arrojado objetos contundentes”. Asimismo, han expresado su gratitud a la Policía Foral y Municipal por su labor en la zona.

Ante lo que consideran “un contexto alarmante”, UPN ha instado a ambas administraciones a actuar con celeridad, apoyándose en la normativa para facilitar la salida de estas personas del país.

Con el objetivo de “frenar la prolongación de esta problemática”, UPN ha solicitado que se acelere el proceso de derribo del edificio, reiterando su apoyo a la moción presentada en junio por la Ikastola para adelantar la demolición de estas instalaciones.

Desde la perspectiva de UPN, la demolición, que se ejecutaría mediante un acuerdo urbanístico entre la ikastola y el Consorcio de Alta Velocidad, facilitaría la eliminación de un punto crítico de inseguridad y deterioro que ha permanecido abandonado durante más de 20 años.

“Es imperativo que se aceleren todos los trámites necesarios para que la demolición se lleve a cabo cuanto antes. Actualmente, el edificio representa un riesgo para la comunidad y es un foco constante de conflicto que exige una respuesta urgente”, han subrayado.