PAMPLONA, 29 de enero. En un paso significativo en la política navarra, UPN ha decidido presentar dos importantes proposiciones de ley que buscan reformar tanto el Estatuto de Personal al Servicio de las Administraciones como la ley foral de Subvenciones. La intención detrás de estas iniciativas es asegurar que, en el futuro, personas que hayan sido condenadas por terrorismo no puedan acceder a posiciones docentes en la comunidad autónoma de Navarra.

Las propuestas fueron anunciadas el miércoles por Cristina Ibarrola, presidenta de UPN, en un contexto marcado por la controversia generada tras la contratación de un individuo condenado por pertenencia a la organización terrorista ETA en un instituto de Tudela. Ibarrola subrayó que este acontecimiento ha causado "intranquilidad y sufrimiento" en muchas familias de la región, evidenciando el profundo impacto social que situaciones como esta pueden acarrear.

En sus declaraciones, Ibarrola enfatizó que "esta persona o cualquier otra en una situación similar está moral y éticamente inhabilitada" para desempeñar un papel que podría deslegitimar el terrorismo ante las generaciones más jóvenes. Esta responsabilidad no solo implica informar sobre el sufrimiento infligido por ETA, sino también promover valores esenciales como la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia. Esta visión de inhabilitación, apuntó, trasciende una mera prohibición basada en una condena penal.

La presidenta de UPN también hizo hincapié en el hecho de que la legislación actual, tanto en el ámbito nacional como en Navarra, no ha sido suficiente para impedir que esta persona obtuviera un contrato docente, algo que ella misma considera "lamentable, contrario a la convivencia y humillante para las víctimas de ETA".

A pesar de la complicada situación, Ibarrola insistió en que la Comunidad foral puede adoptar medidas administrativas, especialmente en cuestiones relacionadas con la Función Pública y las subvenciones, áreas en las que Navarra tiene competencias. Por esta razón, los regionalistas desean que estas dos leyes sean tramitadas de manera urgente y a través de una lectura única.

La primera de las iniciativas se centra en la modificación del decreto foral del Estatuto de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. El objetivo es que se introduzca "un nuevo requisito para ser admitido a pruebas selectivas, tanto para puestos fijos como temporales dentro del Gobierno de Navarra y entidades locales".

De esta forma, se establece que para cualquier puesto de trabajo que implique "contacto habitual con menores de edad", será requisito indispensable no haber sido condenado por sentencia firme por delitos relacionados con terrorismo o pertenencia a organizaciones terroristas. Esta norma también abarcará aquellas sentencias judiciales que provengan de otros Estados miembros de la Unión Europea en casos similares, incluyendo las penas impuestas en Francia, donde ha habido detenciones y condenas relevantes de miembros de ETA. Para validar este requerimiento, se solicitará un certificado de antecedentes penales del Registro Central de Penados.

La segunda propuesta legislativa aboga por modificar la ley foral de Subvenciones para que aquellos condenados por delitos de terrorismo, así como las entidades que los contraten o subcontraten, sean excluidos de recibir ayudas. Esto se aplicaría especialmente a proyectos o actividades que involucren un "trato repetido, directo y regular" con menores.

Con estas dos medidas, indicó Ibarrola, "podemos evitar que se repitan situaciones como la ocurrida en Tudela, y otras que podrían haber sucedido". La presidenta de UPN expresó su esperanza de que otras formaciones políticas como el PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin "estén a la altura de las circunstancias" y se unan en un debate constructivo para obtener una mayoría que permita la implementación de estas reformas, evitando futuras controversias.

En relación a esto, Ibarrola criticó que el PSN respondiera de manera "precipitada y errónea" a una acción propositiva de UPN, refiriéndose a las declaraciones del consejero de Educación, Carlos Gimeno, quien mencionó que no se podía hacer nada al respecto. "Claro que se puede; otra cosa es que no quiera o no le dejen", sentenció Ibarrola, agregando que aunque no se puede revertir la situación de este terrorista en particular, sí se pueden establecer medidas para evitar futuras contrataciones en otros contextos.

Además, la presidenta hizo hincapié en que la modificación del Código Penal de 2015 no se puede aplicar a los casos relacionados con condenados por pertenencia a ETA, dado que la banda terrorista se disolvió en 2011. Afirmó que esa modificación se pensó en el marco del terrorismo yihadista, dejando al descubierto una falta de atención hacia la problemática del terrorismo en el contexto vasco.

Por último, Ibarrola concluyó su intervención señalando que la política debe ser un espacio para encontrar soluciones a los problemas sociales, no un terreno para desacuerdos que bloqueen iniciativas necesarias y ampliamente entendidas como pertinentes por la sociedad navarra.