Un nuevo giro se cierne sobre la investigación que sacude a la cúpula del PSOE, pues la defensa de Santos Cerdán ha comenzado a desafiar la autenticidad de un documento que lo relaciona como propietario de una de las empresas en el ojo del huracán.

Este lunes, Cerdán, quien fue secretario de Organización del partido, se presentará como imputado ante el Tribunal Supremo, tras las revelaciones de un informe emitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Este informe le vincula, junto al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, en un presunto esquema de sobornos relacionados con contratos de obras públicas.

El poléico ‘informe Cerdán’ fue divulgado el pasado 12 de junio, lo que forzó a Cerdán a renunciar inmediatamente a su puesto como secretario de Organización y a su acta de diputado, una decisión formalizada posteriormente el 16 de junio.

Leopoldo Puente, el juez encargado del ‘caso Koldo’, le ofreció la oportunidad de declarar voluntariamente el 25 de junio. Sin embargo, al renunciar a su estatus de diputado, se eliminó el aforamiento que le ofrecía inmunidad, permitiendo al magistrado citarlo directamente como imputado. Puente accedió a posponer la declaración para brindar a la defensa tiempo adicional para prepararse, reprogramando la audiencia para este lunes.

Según fuentes consultadas por Europa Press, la defensa ha manifestado que Cerdán está listo para comparecer y ofrecer su versión ante las contundentes evidencias que apuntan a delitos de organización criminal y cohecho. Además, han solicitado al Supremo que permita la transmisión en directo de su declaración para asegurar la transparencia del proceso, aunque esta solicitud fue rechazada al considerarse incompatible con la naturaleza reservada de la investigación.

El magistrado también anticipó que tras la declaración de Cerdán, evaluará la posibilidad de imponer medidas cautelares, como ya hizo con los otros implicados en la trama, incluidas prohibiciones de salir del país y comparecencias regulares ante la justicia.

Sin embargo, tras nuevas revelaciones sobre adjudicaciones de obras públicas, Puente revisó las medidas impuestas a Ábalos y Koldo, optando por mantenerlas pese a que algunas acusaciones populares pidieron la prisión provisional para los investigados.

Ábalos, en su comparecencia más reciente, expresó no reconocer su voz en los audios presentados en el informe de la UCO, insinuando posibles manipulaciones, y negó cualquier participación en irregularidades. Por su parte, el asesor Koldo optó por guardar silencio en su declaración.

Cerdán también ha manifestado que no se siente identificado con las grabaciones mencionadas, sugiriendo que probablemente repetirá este argumento frente al Tribunal Supremo.

El escándalo de esta supuesta trama de corrupción ha obligado a los implicados, Ábalos y Koldo, a modificar sus estrategias de defensa, reflexionando hasta el último momento sobre sus opciones legales. Durante su comparecencia, Ábalos expresó su disposición a colaborar, aunque mencionó que la tensión de la situación lo había dejado sin preparación para ofrecer una narrativa detallada, solicitando unos días para organizarse.

La posibilidad de una declaración colabortiva, similar a la realizada anteriormente por el empresario De Aldama, podría ofrecer una reducción de pena al final del proceso. Sin embargo, Fiscalía Anticorrupción ha indicado que actualmente no han observado colaboración alguna por parte de los involucrados.

El vínculo de Cerdán con el ‘caso Koldo’ se consolidó a raíz del informe de la UCO, que se basa en grabaciones hechas por Koldo entre 2019 y 2023, y mensajes de WhatsApp que compartieron. Los investigadores argumentan que la trama se originó en Navarra en 2015, con Cerdán, Koldo y Ábalos en roles protagónicos a medida que su influencia política creció.

Los investigadores sugieren que el papel de Cerdán en posibles actos de corrupción evolucionó con el tiempo, pasando de ser un actor principal a desempeñar un rol más secundario hasta que regresó como gestor de pagos tras la caída de Koldo y Ábalos.

La UCO afirma que los contratos de obra pública bajo investigación fueron asignados a empresas como Acciona y OPR, estimando que las comisiones recibidas podrían ascender a 620.000 euros. Cerdán ha manifestado su intención de ir “a por todo” en la defensa de su inocencia.

Uno de los asuntos más relevantes en el interrogatorio a Cerdán será un contrato privado descubierto el pasado 10 de junio, que detalla la compra por Cerdán del 45% de Servinabar en 2016 por 6.000 euros, un año después de que se diera inicio a la supuesta trama de corrupción. Según el informe, esta empresa ha acumulado más de 75 millones de euros en contratos de obras públicas otorgados por el Gobierno navarro.

La defensa de Cerdán ha puesto en duda la validez de este contrato, argumentando que no fue formalizado de manera pública y, por lo tanto, carece de efectos jurídicos. No obstante, el Consejo General del Notariado ha aclarado que incluso los contratos no formalizados pueden generar efectos entre las partes firmantes, advirtiendo que frecuentemente ocultan la verdadera propiedad de los bienes.

El ciclo de audiencias que brotó a raíz del ‘informe Cerdán’ continuará el próximo viernes con la comparecencia de otros empresarios involucrados, y se espera que la situación continúe desenmarañándose en las próximas semanas.