24h Navarra.

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Cerdán solicita a la Corte Suprema su liberación inmediata por insuficiencia de pruebas.

Cerdán solicita a la Corte Suprema su liberación inmediata por insuficiencia de pruebas.

En un giro inesperado dentro del 'caso Koldo', el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha impulsado un recurso de apelación al Tribunal Supremo, solicitando su liberación inmediata. Cerdán argumenta que no existen pruebas suficientes en su contra, apenas tres días después de haber sido encarcelado por el juez Leopoldo Puente, quien lo identificó como el presunto líder de una red de cobro de comisiones en relación con obras públicas.

La defensa de Cerdán ha expuesto en su recurso, al que tuvo acceso Europa Press, que la decisión de prisión provisional está basada en una falta de indicios suficientes de delito, lo que, según argumenta, va en contra del principio de presunción de inocencia.

Respecto a las acusaciones de manipulación en la adjudicación de obras públicas, la defensa sostiene que Cerdán se limitaba a actuar como un mediador entre el partido y el Gobierno. Afirman que su interés por ciertos proyectos en los días previos a la campaña electoral se debía a la necesidad de reactivar obras que llevaban tiempo estancadas.

Asimismo, la defensa considera que el magistrado malinterpretó las declaraciones de Cerdán en el juicio, especialmente cuando el juez aseveró que las obras habían sido priorizadas no por el bienestar ciudadano, sino por los posibles beneficios electorales para el partido. Cerdán, argumentan, se mostró muy satisfecho de haber conseguido que se reanudaran las obras de la N-121A en Navarra, una carretera que previamente había ocasionado varias muertes.

Desde la perspectiva de la defensa, la valoración realizada por el magistrado pone de manifiesto una clara inclinación en contra de Cerdán, quien además critica que se haya aceptado el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sin cuestionar sus hallazgos.

El auto del juez, que se extiende por más de 40 páginas, argumenta que hay "indicios considerables" para alegar la posible formación de una organización criminal liderada, entre otros, por Cerdán, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García. Estos, según la resolución, habrían trabajado de manera coordinada para obtener beneficios económicos a través de adjudicaciones ilegales de obras públicas.

P según el juez, el origen de esta supuesta red se vincula a Cerdán y García, quienes habrían establecido un esquema relacionado principalmente con la empresa Servinabar. Una vez que Ábalos asumió la cartera de Transportes, nombró a García como su asesor, bajo la influencia de Cerdán, con el objetivo de manipular la adjudicación de obras públicas dentro del ministerio.

Utilizando métodos que Cerdán y Koldo habían empleado anteriormente en menor escala, se habrían realizado adjudicaciones indebidas en favor de Acciona Construcciones y otras empresas menores, sin que estas presentaran la mejor oferta económica, según el relato del juez.

Todo lo anterior, según la investigación, se llevaría a cabo mediante un "reparto de funciones", donde Cerdán era responsable de reclamar pagos a las constructoras beneficiadas, recaudando fondos que luego se entregaban a Ábalos y García.

El magistrado agregó que Cerdán mantenía una relación jerárquica con Ábalos y García, siendo el encargado de distribuir las ganancias ilegales obtenidas por su organización.

En cuanto a Ábalos, el juez explicó que, en su papel de ministro, ejercía su influencia delegando la gestión de adjudicaciones en su asesor, quien mantenía un contacto directo con altos mandos en Carreteras y ADIF para facilitar los procesos de contratación.

Puente también expresó sus sospechas de que otras personas o entidades, además de Cerdán, Ábalos y García, podrían haberse beneficiado de la situación, estimando que el monto de las adjudicaciones irregulares podría ascender a más de cinco millones de euros.

El riesgo de que Cerdán pudiera tener acceso a información crucial sobre la trama, que aún no ha sido aclarada del todo por las investigaciones, llevó al magistrado a considerar necesario su encarcelamiento para evitar la posible destrucción de pruebas.