El 16 de septiembre, en Tudela, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, se pronunció sobre los recientes informes elaborados por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción en relación con diversas adjudicaciones públicas. A pesar de reconocer que se han detectado “errores administrativos”, Chivite enfatizó que no se ha encontrado evidencia de corrupción. “Los errores administrativos no constituyen delitos”, subrayó con firmeza.

En una rueda de prensa, Chivite informó que el propio Gobierno navarro solicitó estos informes para fortalecer la transparencia en la gestión pública. Los casos a revisión incluyen las adjudicaciones vinculadas al proyecto de Belate, dos promociones de vivienda de protección oficial y un colegio en Arbizu.

“En nuestro primer análisis, hemos identificado tres puntos clave: no hay indicios de corrupción, no se ha causado daño al patrimonio público ni a los ciudadanos navarros, y no existen conflictos de intereses”, declaró Chivite. Sin embargo, reconoció que los informes señalaban irregularidades administrativas que merecen atención.

La presidenta hizo hincapié en que esto indica fallos en la gestión administrativa y que hay un considerable margen de mejora en los trámites relacionados con las obras auditadas. "Muchos de estos errores ya habían sido resaltados por la Cámara de Comptos, y el departamento de Cohesión Territorial ha comenzado a corregirlos", agregó, reiterando el compromiso del Gobierno de modificar la ley de Contratos Públicos para reducir la discrecionalidad y llenar vacíos legales.

“Las irregularidades administrativas no son sinónimo de ilegalidades, mucho menos de corrupción o sobornos”, continuó Chivite. Al respecto, comentó que los errores administrativos son simplemente eso: fallos de gestión. Agradeció a la Oficina Anticorrupción por la celeridad en la emisión de los informes, pues son necesarios para la investigación que se lleva a cabo en el Parlamento.

Chivite también mencionó que debe haber un periodo de alegaciones, el cual no se ha llevado a cabo, pero ya se ha comunicado a la Oficina Anticorrupción la intención de presentar observaciones al respecto.

La líder del Ejecutivo defendió que hay diversos criterios legales, pero destacó que tanto el Gobierno como la Cámara de Comptos comparten puntos de vista similares sobre la situación. “Respetamos los informes, pero también presentaremos nuestras alegaciones”, reiteró.

En relación con las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate, Chivite apuntó que la Oficina Anticorrupción hace referencia al informe de la Cámara de Comptos, pero llega a conclusiones distintas. “Nuestros informes no respaldan las conclusiones de la OANA, ni la Cámara de Comptos las apoya”, afirmó de manera contundente.

Asimismo, enfatizó la importancia de aprender de estos errores y mencionó que el departamento de Cohesión Territorial ya había tomado nota de estos fallos administrativos, que a menudo se relacionan con las lagunas legales no abordadas en la normativa vigente. Chivite reafirmó el compromiso del Gobierno de reformar la ley de Contratos para subsanar estas situaciones.

En cuanto a la confianza en sus consejeros, Óscar Chivite y José Mari Aierdi, la presidenta indicó que se está analizando con más profundidad la información presentada, recordando que los aspectos relacionados con Belate son responsabilidad de la Mesa de Contratación, un organismo autónomo encargado de la licitación.

Finalmente, en respuesta a la posibilidad de que el Partido Popular de Navarra remita los informes a la Fiscalía, Chivite expresó: "Ellos decidirán lo que consideren oportuno. No entraré en eso, ya que los errores administrativos no son delitos", concluyó categóricamente.