En un lamentable caso de violencia machista ocurrido en Pamplona, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha sentenciado a un hombre a 21 meses de prisión por haber ejercido múltiples formas de maltrato contra su pareja. Se trata de un individuo de 61 años, originario de Perú, quien fue hallado culpable de infligir violencia física, psicológica y sexual a su esposa.

La sentencia se ha alcanzado mediante un acuerdo entre la fiscalía, la acusación particular y el abogado defensor, lo que refleja un consenso necesario en casos tan delicados. Además de la condena, el tribunal ha estipulado que el agresor deberá mantenerse a una distancia mínima de 500 metros de la víctima y se le prohíbe cualquier tipo de comunicación durante un periodo de cuatro años. Como parte de la reparación por el daño moral causado, el hombre deberá indemnizar a su mujer con 950 euros.

La historia de este vínculo se remonta a 2010, cuando el matrimonio se formalizó en Perú. A lo largo de los años, la pareja mantuvo una relación a distancia hasta que, en 2019, la mujer decidió trasladarse a España para vivir junto a su esposo en una habitación alquilada en la capital navarra. Sin embargo, lo que prometía ser un nuevo capítulo se convirtió en una pesadilla.

Desde el inicio de su convivencia, el condenado sometió a su esposa a una serie de abusos que iban desde insultos y menosprecios hasta la restricción extrema de su libertad. En el documento judicial se detalla cómo el hombre no solo la menospreciaba constantemente con frases degradantes, sino que incluso la confinaba a su habitación, llegando a comprar una bacinilla para que no tuviera que salir a usar el baño y prohibiéndole ir a la cocina.

Las consecuencias de estos abusos han dejado huellas profundas en la víctima, quien sufre de problemas de ansiedad y depresión, condición por la que ha estado en tratamiento y que exige continuidad para lograr una recuperación efectiva." Su estabilidad emocional se ha visto seriamente comprometida por la violencia sufrida", reza la resolución judicial.

Ante esta situación, el tribunal ha decidido suspender la pena de prisión bajo ciertas condiciones que el condenado deberá cumplir. Esto incluye la obligación de no incurrir en delitos durante un plazo de dos años, efectuar el pago de la indemnización en cinco plazos, respetar las prohibiciones de acercamiento y realizar un programa de formación sobre violencia de género. Se alude a la posibilidad de revocar esta suspensión y ordenar el encarcelamiento si hay algún incumplimiento de las condiciones impuestas.