Pamplona, 15 de abril. Hoy se ha dado un paso significativo en el fortalecimiento del autogobierno en Navarra con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Boletín Oficial de Navarra (BON) de un Real Decreto que amplía las competencias en materia de tráfico y circulación vehicular, una decisión aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 8 de abril.

El Gobierno de Navarra ha celebrado esta medida, subrayando que se trata de un avance clave para la comunidad foral al recibir plenas atribuciones en el ámbito del tráfico. De este modo, Navarra se unirá a Cataluña y el País Vasco como la tercera comunidad autónoma que asume de manera exclusiva la vigilancia y el control de sus carreteras, así como la gestión de las infracciones registradas.

Félix Taberna, vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno foral, ha afirmado que esta publicación marca un hito al oficializar que Navarra cuenta con competencias plenas y exclusivas en tráfico. A lo largo de casi un siglo, se han visto alteradas estas competencias, especialmente durante la dictadura franquista, y ahora se busca recuperar y fortalecer la capacidad de la Policía Foral en la protección y servicio a la ciudadanía.

En el marco de un acuerdo de la comisión mixta de la Junta de Transferencias del 25 de marzo pasado en Madrid, se ha establecido que el despliegue de agentes de Policía Foral para el control del tráfico se llevará a cabo de forma gradual en un periodo de hasta tres años. Al final de este plazo, la Policía Foral se encargará de manera definitiva de la vigilancia y control de las carreteras.

Mientras se lleva a cabo este proceso de implementación, la Guardia Civil seguirá colaborando en la vigilancia, actuando en coordinación con la Policía Foral, especialmente en las vías interurbanas y en aquellas travesías donde no haya presencia de policía local.

Respecto a la gestión de las sanciones, se ha establecido que hasta el 30 de junio de 2026, la Administración del Estado será responsable de la tramitación, resolución y recaudación de las multas, independientemente del cuerpo que emita la denuncia. A partir del 1 de julio de 2026, esta responsabilidad recaerá totalmente en Navarra, culminando así este proceso de transferencia de competencias.