El 5 de marzo en Pamplona, se ha dictado una resolución judicial que marca un hito en el tratamiento de delitos relacionados con las drogas. La Audiencia de Navarra ha impuesto una condena de 3 años y 5 meses de prisión, acompañada de una multa de 20.000 euros, a un hombre de 35 años oriundo de Colombia. Este individuo fue sorprendido por las autoridades en San Adrián, portando 195,22 gramos de cocaína y 10,04 gramos de MDMA, más conocido como éxtasis.

Los hechos que llevaron a esta sentencia provienen de un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, y se enmarcan dentro de un delito contra la salud pública. La sentencia subraya que las sustancias implicadas son de alta peligrosidad y pueden causar daños significativos a la salud. Además, se reconoce la presencia de una atenuante relacionada con la toxicomanía, que afecta la capacidad de decisión del acusado sin necesariamente anularla.

El incidente tuvo lugar el 6 de abril de 2024, cuando el detenido, que circulaba en su vehículo, fue interceptado por la policía. Durante la detención, se le confiscaron 1.000 euros, en billetes de 50, que se sospecha provienen de su actividad ilegal. Esta considerable suma, sumada a la cantidad de drogas en su posesión, pone de manifiesto la magnitud del caso.

La situación se complicó aún más tras un registro en su hogar en Calahorra, donde se hallaron dos máquinas envasadoras que podrían implicarlo en un tráfico más amplio de sustancias. En el mercado negro, las drogas incautadas tendrían un valor estimado de 15.301,54 euros, lo que refuerza la gravedad de los actos del condenado.

En el proceso judicial, que culminó el 4 de febrero, la fiscalía había solicitado una pena más severa, de 4 años y 9 meses. Sin embargo, a raíz de la negociación entre las partes, se acordó reducir la condena a 3 años y 5 meses. Durante la vista, el fiscal indicó que no se opondría a la suspensión de la pena, siempre que el condenado demostrara su compromiso con un tratamiento de desintoxicación. Este tratamiento estaría supervisado durante un período de 4 años, bajo la condición de que el inculpado no cometiera nuevas infracciones.

Tanto el letrado defensor como el propio acusado aceptaron las condiciones propuestas. Finalmente, la sentencia ha sido ratificada y es firme, dando paso a la destrucción de las sustancias y objetos incautados, en cumplimiento de la legislación vigente. Este caso pone de relieve la compleja intersección entre la justicia, la salud pública y las oportunidades de rehabilitación para los involucrados en el circuito de las drogas.