PAMPLONA, 20 de noviembre.

En una reciente decisión judicial, la Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha emitido una condena de tres años y tres meses de prisión a un individuo residente en una localidad de la Zona Media de Navarra. Este hombre fue hallado en posesión de sustancias estupefacientes destinadas a la venta, con un valor total que asciende a 16.998 euros.

Según la sentencia, que fue dictada tras un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, los actos cometidos por el condenado constituyen un delito contra la salud pública, específicamente por tráfico de sustancias que representan un grave peligro para la salud. La resolución también reconoce la atenuante de drogadicción, de acuerdo a la información proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

El tribunal ha considerado como hecho probado que el acusado, de 30 años, había estado almacenando y vendiendo drogas tóxicas en su vivienda durante un periodo extenso, con el propósito de distribuirlas a otros, ya fuera de manera lucrativa o gratuita. A pesar de su rol como traficante, también era un consumidor habitual de las mismas sustancias que comercializaba.

La intervención policial se llevó a cabo el 13 de abril de 2022, cuando se autorizó un registro en su domicilio por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Tafalla. Durante este operativo, se incautaron 1.536,98 gramos de cannabis, 10,72 gramos de cocaína, 59,48 gramos de anfetamina y 9,38 gramos de ketamina.

Además de las drogas, las autoridades encontraron en su poder diversos utensilios que evidenciaban la manipulación y distribución de las sustancias, incluyendo una báscula electrónica de precisión, utilizada para el pesaje de las dosis que se ofrecían a la venta.

El encausado ha tenido un historial de consumo de múltiples drogas. En 2018, pasó dos meses ingresado en Proyecto Hombre antes de ser encarcelado. Posteriormente, tras su liberación por esta misma causa, en octubre de 2022, comenzó un tratamiento en un centro ambulatorio de atención a adicciones, el cual ha mostrados resultados positivos en su proceso de recuperación.

En adición a la pena privativa de libertad, la sentencia impone al procesado el pago de una multa de 17.000 euros, estipulando que, en caso de impago, enfrentará una responsabilidad personal subsidiaria de cuatro meses de privación de libertad.