El pasado 30 de mayo, desde el Juzgado Penal número 4 de Pamplona se hizo pública la condena de un joven de 24 años a dos años de prisión. Este individuo, de nacionalidad marroquí, fue sentenciado por agredir a un hombre tras ser expulsado de un autobús urbano conocido como villavesa, evento que culminó con el robo del teléfono móvil de la víctima.

La decisión judicial fue alcanzada tras un acuerdo de conformidad entre la fiscalía y la defensa del acusado. Además de la pena de prisión, se ha establecido una orden de alejamiento de 200 metros, prohibiéndole comunicarse con la víctima durante los siguientes cinco años y ordenándole indemnizarla con 315 euros.

Los trágicos eventos ocurrieron el 21 de febrero de este año, alrededor de las 2 de la madrugada, cuando el acusado y un cómplice subieron al autobús N3 en la avenida de Zaragoza. La situación se tornó tensa cuando comenzaron a discutir con la conductora, quien decidió expulsarlo debido a su conducta. En ese momento, una tercera persona se involucró, y el acusado, tal como se detalla en la sentencia, atacó a este hombre, empujándolo y golpeándolo sin piedad.

La situación se complicó aún más cuando el cómplice del condenado se unió a la agresión, y juntos lograron despojar a la víctima de su teléfono móvil. Después del ataque, ambos individuos huyeron por la calle Blas de la Serna, dejando a la víctima en el suelo.

El día de la agresión, a las 7:58 horas, el acusado fue visto en la Plaza de los Fueros de Pamplona, molestando a viandantes y dañando el mobiliario urbano. Ante este panorama, una patrulla de la Policía Nacional se acercó, momento en el cual el joven desechó el teléfono robado en un área ajardinada cercana. Esto llevó a los agentes a investigar el origen del dispositivo, descubriendo que había sido sustraído horas antes.

Al identificar al acusado como uno de los sospechosos, la policía intentó proceder a su detención. Sin embargo, el joven se opuso activamente, lo que llevó a los oficiales a aplicar una fuerza mínima para su control y arresto.

Desde su arresto el 24 de febrero hasta el día del juicio el 20 de marzo, el joven estuvo en prisión provisional. Durante la vista, se aceptó su culpabilidad y se impusieron varias penas: dos años de prisión por robo con violencia, 150 euros de multa por lesiones leves y 900 euros por resistencia a la autoridad.

La sentencia, que no admite apelación, establece además que la pena de prisión será suspendida si el condenado no comete ningún nuevo delito en los próximos cinco años, cumple con el pago de la indemnización a la víctima en un plazo de dos meses y respeta la orden de alejamiento dictada por el tribunal.