En un giro reciente de los acontecimientos políticos en Navarra, la formación UPN ha llamado a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, a asumir responsabilidades ante las irregularidades encontradas en la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) gestionadas por Nasuvinsa. Lo grave de esta situación se ha visto señalado por la propia Intervención del Gobierno, que ha hecho eco de estas denuncias.

La crítica de UPN se centra en el uso inapropiado de fondos públicos, resaltando que el actual gobierno ha permitido la construcción de viviendas con precios que no corresponden a la lógica de la VPO, lo que a su juicio representa un fraude que perjudica gravemente a la ciudadanía. Según sus declaraciones, estas prácticas no sólo engrosan los costos, sino que también infringen normativas que deberían proteger los recursos públicos.

Además, han apuntado hacia la ineficiencia de la sociedad pública encargada de estas obras, denunciando un despilfarro que asciende a unos 40 millones de euros. Este descontrol, argumentan, elude los mecanismos de supervisión que deberían estar en su lugar, resultando en pérdidas que afectan directamente a los ciudadanos navarros.

UPN ha lamentado que este derroche podría haberse utilizado para edificar nuevas viviendas, sobre todo en un contexto donde hay una creciente demanda de VPO. Según han afirmado, el incumplimiento de normas por parte del Gobierno de Chivite refleja un desprecio hacia las obligaciones que rigen a la ciudadanía y un acto de desfachatez institucional.

En la misma línea, han recordado que la consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, había advertido recientemente a los adjudicatarios de un proyecto residencial sobre el riesgo de perder la calificación de protección si se constataban sobreprecios. Esta contradicción ha generado más dudas sobre la gestión actual.

Como respuesta a estas preocupaciones, UPN ha solicitado la comparecencia de Begoña Alfaro en el Parlamento de Navarra, demandando aclaraciones sobre las irregularidades financieras y la percepción de ineficacia del Gobierno. La formación ha subrayado que los gastos excesivos y la mala administración de recursos públicos son un costo que todos los ciudadanos deben afrontar, demandando transparecia y responsabilidad en la gestión pública.