El 10 de octubre de 2023, desde Pamplona, se han lanzado serias acusaciones hacia Servinabar, una empresa central en una investigación sobre corrupción en Navarra. La crítica surge tras la declaración de UPN, que insiste en que la Cámara de Comptos ha puesto de relieve la conexión de esta compañía con las tramas delictivas que se están investigando por la Unidad Central Operativa (UCO).

La formación regionalista enfatiza en un comunicado que la labor de la Cámara de Comptos pone en evidencia la falta de transparencia con la que Antxon Alonso y su socio Cerdán han operado en la comunidad. Según UPN, esto sugiere una gestión poco ética dentro de las adjudicaciones públicas.

En un informe reciente, la Cámara de Comptos indica que las declaraciones fiscales de Servinabar muestran su vinculación con Uniones Temporales de Empresas (UTE), aunque las cifras reportadas en el Registro Mercantil no reflejan en su totalidad los ingresos y gastos vinculados a estas colaboraciones. Esto plantea dudas sobre la veracidad de sus informes contables.

Adicionalmente, el informe revela que, aunque se otorga un cumplimiento general a las adjudicaciones de Acciona-Servinabar, hay serias irregularidades en un contrato de 2018 para la construcción de 62 viviendas en Erripagaña, donde se identificaron deficiencias, como la falta de actas en la mesa de contratación.

UPN advierte que los movimientos en la participación de Servinabar en varias UTE son desconcertantes y sugieren un posible uso de la empresa para asegurar contratos a través de ofertas iniciales infladas que luego se reducen drásticamente. Tal comportamiento, arguyen, indica que Servinabar era fundamental para la obtención de contratos, pero no para su ejecución.

El partido se cuestiona si sucesos similares han ocurrido con las obras de duplicación de los túneles de Belate, insinuando que la presidenta María Chivite ha bloqueado información crucial para oscurecer una investigación más profunda sobre este caso. UPN enfatiza que el hecho de que las cuentas de Servinabar estén incompletas es una clara muestra de la opacidad que rodea a sus operaciones y un indicio de un posible encubrimiento.

También se señala que en muchos casos, las escrituras de constitución de las UTE no especificaban adecuadamente los roles de cada empresa, y que Servinabar ha aportado escaso personal en múltiples proyectos, lo que levanta más sospechas sobre su verdadero funcionamiento.

Los regionalistas insisten en que tanto los informes de Comptos como los de la Oficina Anticorrupción revelan serias deficiencias y posibles quebrantamientos de la ley en la mayoría de las adjudicaciones analizadas, lo que pone en duda la integridad del proceso de contratación pública en Navarra.

Particularmente relevante es la decisión de Chivite de excluir la fiscalización de las obras de duplicación de los túneles de Belate de la encomienda dada a la Cámara de Comptos. Esto ha llevado a UPN a sugerir que puede haber un intento de desviar la atención de una adjudicación que resulta ser una de las más controvertidas, estrechamente vinculada con su círculo cercano.

La cifra detrás de esta adjudicación es significativa: Belate representa 76 millones de euros, en comparación con los 26,8 millones de otros contratos. Es, sin duda, uno de los contratos más lucrativos en la historia reciente de la administración pública en la región.

Los regionalistas critican que la Cámara de Comptos no haya abordado el expediente completo relacionado con Belate en su informe, lo cual es preocupante dado que durante el análisis de las cuentas generales no contaban con toda la documentación necesaria, lo que limita la efectividad de la fiscalización.

En contraste, UPN destaca la intención de Chivite de revisar de manera específica otro contrato, el de adecuación del Navarra Arena, lo que sugiere una aplicación selectiva de la supervisión que podría levantar más interrogantes sobre la transparencia en la gestión pública.