PAMPLONA, 29 de septiembre. En el contexto de la polémica sobre las adjudicaciones públicas en Navarra, UPN ha decidido reiterar su petición para que el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, comparezca ante la comisión de investigación del Parlamento. Su objetivo es esclarecer los detalles relacionados con la adjudicación de las obras de Belate.

Leticia San Martín, parlamentaria de UPN, recordó que anteriormente había solicitado la presencia de Arasti, pero la mayoría de los miembros de la comisión no apoyaron esta medida. Esta nueva solicitud se produce tras la revelación por parte de Diario de Navarra, que sugiere que Arasti estaba al tanto de las discrepancias surgidas en la mesa de contratación de Belate, según correos electrónicos entre interventores.

La parlamentaria regionalista hizo hincapié en que esta información confirma dos aspectos importantes: en primer lugar, la supuesta transparencia del Gobierno foral, que, a su juicio, ha resultado ser una fachada, y en segundo lugar, que existieron irregularidades desde el comienzo del proceso de adjudicación. “Cada nueva revelación demuestra que las autoridades eran conscientes de estas irregularidades, lo que hace más difícil sostener que la presidenta Chivite no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo”, afirmó San Martín.

Además, expresó que, a pesar de conocer las irregularidades, el Gobierno decidió seguir adelante con la adjudicación, evitando remitir el expediente a la Junta de Contratación Administrativa. Agregó que se llevaron a cabo modificaciones en informes y solicitudes de documentación después de cerrar la mesa de contratación para asegurar que la obra de 76 millones de euros fuera otorgada a una UTE que incluía a la empresa Servinabar, cuyo socio mayoritario es el señor Cerdán.

“La presidenta Chivite debería ofrecer una explicación clara sobre este escándalo”, declaró San Martín, enfatizando que los ciudadanos esperan respuestas y no justificaciones. “Es imperativo que haya consecuencias políticas claras frente a esta situación”, concluyó.

En respuesta, Ainhoa Unzu, portavoz del PSN, criticó a UPN por lo que considera un uso político errático del asunto de Belate, al calificar sus acciones como una “vergonzosa campaña de manipulación”. Unzu también cuestionó la filtración de documentos confidenciales a los medios y defendió el deber de la comisión de mantener la confidencialidad de la información durante el proceso de investigación.

La portavoz del PSN insistió en que la información publicada es sesgada e interesada, afectando la credibilidad del trabajo de la comisión. “Las filtraciones están en el centro de esta manipulación”, argumentó, afirmando que su deber es manejar la información en el contexto adecuado y no hacerla pública de manera interesada.

Unzu acusó a UPN de lanzar acusaciones infundadas contra el consejero de Hacienda, sosteniendo que si hubiera habido irregularidades, se habría expresado un reparo suspensivo, lo que no ha sucedido. “Lo que están haciendo es calumniar y extender sospechas falsas”, enfatizó.

La líder socialista reafirmó la determinación de su partido de no ceder ante las presiones y de continuar defendiendo la verdad, prometiendo que el PSN se mantendrá firme en su compromiso progresista ante las adversidades. “La ciudadanía exige unidad frente a las políticas de la derecha, y quien no lo entienda está desconectado de la realidad”, indicó.

Por otro lado, Javier García, portavoz del PPN, expresó su descontento con el desarrollo de la comisión de investigación. Denunció que su funcionamiento se ha convertido en un “teatro” donde los aliados políticos se protegen mutuamente en lugar de buscar la verdad. García también destacó el problema de la falta de información accesible para los diferentes grupos, lo que compromete la eficacia de la comisión.

Este portavoz crítico concluyó que la falta de transparencia mina el propósito de la comisión de investigación. “Cuando no se puede acceder a la información necesaria, la función de la comisión pierde todo sentido”, lamentó García.