En un nuevo giro en el complejo entramado del 'caso Koldo', la defensa de Santos Cerdán, ex secretario de Organización, ha alzado la voz sobre el impacto que esta situación está teniendo en las dinámicas del Congreso y la estabilidad del Gobierno. Desde su detención el pasado 30 de junio en Soto del Real, se argumenta que la naturaleza de las acusaciones tiene un trasfondo que trasciende lo judicial, adentrándose en lo político.

El representante legal de Cerdán ha solicitado al Tribunal Supremo que reevalúe la decisión de mantener a su cliente en prisión provisional, señalando que los evidentes puntos débiles de la acusación se basan principalmente en audios cuya autenticidad se ve comprometida. Alude, entre otros elementos, al polémico 'caso Pegasus', que ha arrojado dudas sobre las prácticas de espionaje en el ámbito gubernamental.

A través de un recurso presentado ante el magistrado Leopoldo Puente, la defensa argumenta que no hay justificación válida para continuar con el encarcelamiento de Cerdán, citando que las afirmaciones realizadas en los documentos judiciales no se alinean con la realidad. El magistrado, que había ratificado la prisión, indicó que la situación podría cambiar antes del 30 de diciembre, sugiriendo la posibilidad de que Cerdán podría ser liberado incluso antes de dicha fecha.

Los abogados, centrando su crítica en un informe elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, afirman que este contiene inferencias cuestionables. En ese sentido, los audios que llevaron a la imputación de Cerdán por cargos graves -incluyendo organización criminal y tráfico de influencias- provienen de grabaciones realizadas por el ex asesor Koldo García en un periodo que abarca desde 2019 hasta 2023. Las grabaciones, que aparentemente indican la existencia de una red corrupta en torno a la adjudicación de obras públicas, son el eje central de la acusación.

A la luz de los informes sobre la autenticidad de los audios de García, la defensa recalca los problemas de edición y metadatos asumidos en el análisis, sugiriendo que esto presenta un obstáculo significativo para validar las pruebas. Los abogados alertan que el propio informe admite irregularidades, lo que plantea serias dudas sobre la manipulación de las grabaciones.

Además, los letrados han solicitado que se indague sobre la implicación del comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, quien, según ellos, tuvo un papel activo en facilitar teléfonos seguros utilizados por la trama investigada. La defensa sostiene que Villalba, actualmente imputado en el caso, podría tener una conexión que no se ha examinado con la rigurosidad necesaria.

La argumentación de la defensa también se extiende a las investigaciones en curso sobre el uso de tecnología de espionaje por parte de las fuerzas de seguridad, señalando que estos procedimientos han suscitado preocupaciones sobre las prácticas ilegítimas en el ámbito político. La defensa enfatiza que este contexto no solo afecta a su cliente, sino que también se entrelaza con una serie de casos que abordan el espionaje a miembros del Gobierno y a dirigentes independentistas.

Los abogados anticipan que se les podría acusar de formular hipótesis infundadas, pero subrayan la necesidad de que se realicen investigaciones más profundas que permitan esclarecer el origen y la intención detrás de las grabaciones. Esto, argumentan, no solo es esencial para su caso, sino para una sana vitación institucional.

Por último, subrayan que el efecto de la imputación de Cerdán ha tenido consecuencias directas en su función como diputado, lo que ha modificado el equilibrio de fuerzas en el Congreso. Con su ausencia en la Cámara Baja, el Gobierno ha enfrentado dificultades para sortear votaciones clave, lo que, según ellos, evidencia un uso de la judicialización que desafía los principios de inmunidad parlamentaria y que pone en riesgo la integridad del proceso legislativo.

En este contexto, los abogados concluyen que la detención de Cerdán parece estar más ligada a una narrativa construida por las autoridades que a pruebas sólidas y concretas. Son claros al afirmar que se sienten atrapados en un ciclo de especulación policial y relatos mediáticos, y exigen una revisión justa y objetiva del caso.