La comisión de investigación del Parlamento de Navarra ha fijado la fecha de inicio de sus comparecencias para el 14 de octubre, donde se abordará en primer lugar la adjudicación de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate. El presidente de la mesa de contratación, Jesús Polo Soriano, será el primero en dar cuenta de este proceso.

Este procedimiento se ha acordado en una reunión desarrollada el miércoles, donde se organizó la lista de los 41 comparecientes. Entre ellos se encuentran figuras significativas como el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la posición 24, así como el empresario Antxon Alonso (19) y el exasesor del ministro Ábalos, Koldo García (27).

Irati Jiménez, presidenta de la comisión, ha ofrecido una rueda de prensa tras la reunión, señalando que la decisión sobre el orden de las comparecencias fue producto de un "debate complejo", que finalmente se aprobó con una votación de 26 a 23. La dirigente subrayó que este orden es, de momento, "provisional".

Asimismo, la comisión ha decidido que la urgencia de las comparecencias permita notificar a los citados con solo tres días de antelación, simplificando así el proceso legal habitual.

En términos de tiempo asignado para las intervenciones, se ha determinado que cada portavoz tendrá 60 minutos. Las audiencias se llevarán a cabo los martes y miércoles, comenzando por el grupo con mayor representación, a excepción de los casos donde solo un grupo haya propuesto a una persona, quien entonces abrirá la discusión.

Además, se ha acordado insistir en la obtención de información relevante que ha sido solicitada pero que no ha sido recibida de manera satisfactoria. Jiménez mencionó que tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional han indicado que no se tiene derecho a acceder a ciertos datos, por lo que la comisión buscará recurrir esas decisiones y categorizar la información incompleta.

La representante también destacó que el Gobierno de España está obligado a enviar la información requerida, y que han recibido cooperación de algunas entidades como el Gobierno de Navarra, Servinabar, Geoalcali y las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa.

Por último, la comisión ha decidido solicitar un informe a los servicios jurídicos para comprender las responsabilidades de sus miembros en el manejo de la información recibida durante el proceso.