En un giro que podría marcar un precedente en la defensa de derechos ciudadanos, la defensa del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha solicitado al Tribunal Supremo que revise la decisión del juez instructor, Leopoldo Puente, quien decidió mantenerlo en prisión provisional. La petición busca que se lleve a cabo una audiencia en la que se pueda argumentar a favor de la libertad inmediata del ex dirigente socialista.

Los abogados de Cerdán, en el recurso de apelación presentado y al que ha tenido acceso Europa Press, argumentan la falta de motivos que justifiquen su prisión. Están pidiendo a la Sala de lo Penal que rectifique al instructor y permita la liberación inmediata del ex miembro del PSOE, que ha sido descrito como el "número tres" del partido.

En sus declaraciones, la defensa argumenta que no se sostiene la razón del juez de proteger "las fuentes de prueba" relacionadas con las empresas Servinabar y Acciona, las cuales están bajo la lupa de la Guardia Civil por supuestos fraudes en contratos de obra pública. Según el informe, incluso se alega que Cerdán había adquirido participaciones en Servinabar, lo que los letrados consideran irrelevante para justificar su encarcelamiento.

Para la defensa, no queda claro qué es lo que realmente se está intentando proteger, dado que los directivos de ambas empresas están en libertad. Ellos afirman que, al continuar manteniendo a Cerdán en prisión, se está aplicando un criterio desigual ya que el resto de los implicados no enfrenta las mismas consecuencias.

Los abogados también señalan que, aunque se argumente que existe evidencia que debe ser preservada, resulta contradictorio mantener a Cerdán en prisión cuando no posee la documentación que se alega necesaria para la investigación. Este enfoque es calificado por la defensa como "claramente falaz", ya que el objetivo monumental de salvaguardar la prueba no se refleja en acciones concretas hacia otros involucrados en el caso.

Desde su perspectiva, es crucial que se precise con exactitud cuáles son las supuestas fuentes de prueba que deben ser protegidas, tal como exige tanto la jurisprudencia nacional como la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Al no existir pruebas concluyentes, los letrados sostienen que la investigación se ha quedado atrapada en un "círculo vicioso", donde la falta de evidencia se utiliza como pretexto para prolongar la prisión.

Además, la defensa expresa su preocupación al señalar que se sienten "atrapados" por una investigación que no aclara qué conducta específica se le imputa a Cerdán. Critican que el magistrado lo haya designado como una figura central en la acusación sin proporcionar elementos claros que justifiquen su detención.

Este enfoque, según su análisis, representa una grave violación de derechos. Sostienen que la prisión de Cerdán no debería prolongarse indefinidamente mientras se espera que aparezca nueva evidencia. En este contexto, se ha puesto de relieve la falta de conexión entre Cerdán y otros actores investigados, como es el caso del exministro José Luis Ábalos, de quien aseguran que no hay indicios que vinculen a Cerdán con su patrimonio, contraviniendo así las teorías de la acusación.

Adicionalmente, los defensores de Cerdán enfatizan la violación de su inmunidad parlamentaria, la cual, según ellos, ha sido gravemente afectada a lo largo de este proceso legal. Argumentan que esta situación es inaceptable, especialmente cuando no hay pruebas formales en su contra. Detallan que la policía ha trabajado durante meses en una investigación aparentemente contra Cerdán, lo que ha culminado en un inquietante atestado que lo ubica en medio de una supuesta red de corrupción en relación con la adjudicación de contratos públicos.

En el marco de su recurso, la defensa no solo se limita a argumentar en favor de la liberación de Cerdán, sino que también alerta sobre la posibilidad de que el portavoz del PP, Miguel Tellado, pudiera acceder a información sensible antes de su presentación formal en el Tribunal Supremo, lo que añade otra capa de preocupación sobre la transparencia del proceso. Asimismo, cuestionan la validez de ciertas grabaciones utilizadas en el informe inicial de la UCO, reiterando que tales elementos no deberían influir en la detención de su cliente.