En Tudela, el 25 de abril, se ha producido un giro significativo en un caso que ha conmocionado a la comunidad local. La juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 ha decidido enviar a prisión de manera provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza, al individuo que fue capturado en Francia a finales de marzo. Este hombre es señalado como el presunto responsable de tres asesinatos ocurridos en Tudela, Ribaforada y la provincia de Lleida entre noviembre de 2023 y enero de 2024.

La orden de encarcelamiento se centra en el asesinato de un agricultor en Ribaforada, perpetrado el 21 de diciembre de 2023, que fue el segundo de los crímenes que se le atribuyen. Este acontecimiento llevó a la juez a emitir una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), que facilitó su arresto en la localidad francesa de Béziers el 25 de marzo.

El detenido, quien optó por no declarar durante su comparecencia, enfrenta cargos de asesinato y robo de uso de vehículo. El Ministerio Fiscal solicitó su prisión preventiva, una medida respaldada por la acusación particular, mientras que la defensa se opuso a tal decisión.

La resolución judicial, susceptible de apelación, indica que la captura del imputado fue posible gracias a la colaboración internacional y a las gestiones coordinadas por este juzgado. La investigación, conducida por la Guardia Civil, ha revelado “serios y notables indicios objetivos” que apuntan al inculpado como el autor del homicidio de José Luis A.M., quien fue agredido mientras trabajaba en su huerto el 21 de noviembre de 2023. La víctima fue golpeada en la cabeza con un machete, lo que le causó la muerte.

Después del ataque, el sospechoso huyó del lugar llevándose el vehículo Opel Astra de la víctima, que posteriormente fue encontrado en un polígono industrial en Lleida. Las pruebas científicas realizadas en la escena del crimen han logrado obtener un perfil genético que corresponde al presunto autor, lo que ha reforzado la acusación en su contra.

La presentación de solicitudes para verificar el ADN del sospechoso se realizó el 6 de marzo y recibió la autorización judicial al día siguiente. El cotejo de ADN permitió identificar al individuo como el autor del crimen el 21 de marzo, lo que impulsó la juez a emitir una OEDE y culminar con su arresto en Francia cuatro días después.

Los indicios de culpa, que abarcan desde los informes de la Guardia Civil hasta pruebas periciales y testimoniales, han llevado a la juez a considerar el riesgo de fuga del acusador como un factor primordial para justificar su encarcelamiento. Este riesgo se incrementa dado que las penas que podría recibir son severas, con un mínimo de 15 años de prisión y hasta 25, dependiendo de la clasificación final de los cargos.

La magistrada también ha destacado que el investigado no cuenta con empleo y ha evadido a la justicia desde 2023, cuando se dio a la fuga tras cometer el delito. Ella ha subrayado que debido a la gravedad de la situación y a los antecedentes penales del individuo, existe una alta probabilidad de reincidencia criminal.

Finalmente, la jueza concluyó que la gravedad de los delitos que se le imputan, junto con la naturaleza violenta de la conducta delictiva y los antecedentes del acusado, justifican las medidas cautelares adoptadas, enfatizando que la protección de la sociedad debe prevalecer en este proceso judicial.