En un desarrollo reciente en Pamplona, el Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, junto con la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN) y la empresa pública Nasuvinsa, han respondido con firmeza a las preocupaciones planteadas por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA). Estas alegaciones fueron presentadas en relación con las adjudicaciones del desdoblamiento de los túneles de Belate y la construcción de viviendas protegidas en 2018 y 2022, al considerar que no existen razones válidas para declarar nulidades en estos contratos.

En un comunicado emitido, el Gobierno foral ha confirmado que tanto las alegaciones del Departamento de Cohesión Territorial como las del Departamento de Educación, en lo que respecta a la construcción del colegio de Arbizu, fueron enviadas este miércoles a la OANA y al Parlamento de Navarra. Estas respuestas son parte de un proceso más amplio para esclarecer las dudas sobre la legalidad de dichas adjudicaciones.

Los informes presentados señalan que la OANA, al elaborar su informe provisional, no siguió el procedimiento establecido por el Decreto Foral 14/2023, ya que no informó a las entidades implicadas ni llevó a cabo el trámite de audiencia previas. Esto implica una violación de los derechos establecidos en la Ley 39/2015, que regula el Procedimiento Administrativo Común.

El análisis del Departamento de Cohesión Territorial argumenta que la OANA ha interpretado erróneamente las conclusiones de la Cámara de Comptos. Aboga firmemente por la validez del proceso, sosteniendo que no se violaron las normas esenciales correspondientes a la constitución de los órganos colegiados, y que el informe de Comptos no determinó que la mesa de contratación hubiese cometido una infracción que pudiera resultar en nulidad.

La defensa del Departamento enfatiza que las decisiones de la mesa de contratación, aunque realizadas de manera telemática, fueron tomadas de forma válida y respaldadas por los votos unánimes de sus miembros. Todos los acuerdos fueron registrados formalmente en actas, lo que demuestra la transparencia del proceso, aun cuando puede haber margen para mejorar.

Respecto a las alegaciones relacionadas con el contrato de viviendas protegidas en Ripagaina de 2018 y 2022, tanto la CPEN como Nasuvinsa sostienen que han seguido los principios básicos de la contratación pública, aunque admiten que puede haber faltado cierta documentación. Sin embargo, pattern que la normativa pertinente fue respetada en ambas adjudicaciones, escudándose en la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, que permite una cierta flexibilidad a entidades mercantiles como Nasuvinsa.

El informe conjunto también señala que en 2018 se presentó la debida autorización administrativa, que responde a las críticas de la OANA sobre la falta de documentación. Además, se refuerza la idea de que las irregularidades apuntadas por la oficina no son, de manera automática, causa de exclusión de las licitaciones en cuestión, destacando que no se logró probar la violación del principio de igualdad de trato.

En el caso específico de la licitación para las 62 viviendas de protección oficial, el informe subraya que, posterior a la licitación, se elevaron los requisitos técnicos en respuesta a circunstancias imprevistas, cambiando también las especificaciones de equipamiento necesario, lo que contradice las acusaciones vertidas por la OANA sobre negligencia en el manejo del expediente.

Por otro lado, el Departamento de Educación, a través de un informe que respaldo el contrato relacionado con la construcción del colegio de Arbizu, argumenta que el peso de la oferta económica fue menor en comparación con la propuesta técnica. Así, asegura que la adjudicación se realizó de acuerdo a criterios establecidos, y que las ofertas económicas fueron consideradas al final del proceso, una vez evaluadas las propuestas técnicas.

Este conjunto de informes y aclaraciones pone de relieve la complejidad del panorama administrativo y evidencian la defensa de las instituciones navarras frente a las críticas que han surgido, en un contexto donde la transparencia y la buena práctica administrativa son más necesarias que nunca.