PAMPLONA, 10 de octubre. La justicia se ha pronunciado y ha impuesto una pena de 18 años de prisión a una mujer que, durante la noche del 7 al 8 de noviembre de 2021, acabó con la vida de su compañera de celda en la prisión de Pamplona, utilizando métodos de asfixia.

En su fallo, la magistrada de la Sección Primera de la Audiencia Provincial establece que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias será responsable civilmente, obligándola a indemnizar a la familia de la víctima. La hija menor de la fallecida recibirá 148.096 euros, mientras que la madre y la pareja de la víctima obtendrán 65.820 y 20.000 euros, respectivamente. Esta sentencia podrá ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Además de la pena principal, la magistrada ha determinado que, una vez cumplida su condena, la reclusa deberá someterse a un período de libertad vigilada de ocho años, lo que implica un control adicional sobre su reintegración en la sociedad.

La víctima se encontraba cumpliendo una pena desde el 26 de abril de 2021 y era asignada para auxiliar a la acusada en el Programa de Prevención de Suicidios (PPS), lo que la llevó a compartir celda con ella. Sin embargo, en las horas previas al crimen, la reclusa empezó a expresar su malestar respecto a su papel en el programa, manifestando a una funcionaria que su situación afectaba su salud mental.

Los hechos sucedieron entre las 21:03 del 7 de noviembre y las 3:10 del día siguiente, cuando la acusada llevó a cabo el ataque de forma sorpresiva, estrangulando a la víctima desde atrás con un objeto que no causaba abrasiones evidentes, como su antebrazo o una toalla.

El jurado, tras evaluar testimonios y peritajes forenses durante el juicio celebrado entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre, encontró culpable a la acusada —de 51 años en la actualidad— de un delito de asesinato, teniendo en cuenta una atenuante derivada de su alteración psíquica debido a su adicción severa a las drogas.

Durante el proceso, la fiscalía solicitó una pena de 19 años, en contraste con los 25 años demandados por la pareja de la víctima. La acusación en representación de la madre y la hija menor incluso solicitó 15 años, coincidiendo con la petición del abogado defensor.

El jurado consideró la adicción a la heroína y la cocaína de la acusada desde su adolescencia como un factor que afectó sus capacidades intelectuales y volitivas, lo que contribuyó a su veredicto.

La jueza enfatizó en su resolución que el crimen se perpetró contra una persona que estuvo al cuidado de la acusada, subrayando la falta de provocación por parte de la víctima. Esto, según la magistrada, refuerza la noción de un abuso de confianza gravísimo, lo que debe reflejarse en la severidad de la penalización.

Finalmente, respecto a la responsabilidad de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la magistrada apuntó que el crimen ocurrió en un espacio donde se debía asegurar la protección de todos los internos, evidenciando una falta de medidas adecuadas y un deficiente control en el recinto penitenciario.