En Pamplona, el pasado 9 de septiembre, se ha registrado una nueva polémica en el escenario laboral que involucra a la planta de BSH en Esquíroz. El sindicato LAB ha puesto de manifiesto que la Inspección de Trabajo ha dictaminado que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la empresa es “desproporcionado y sin fundamento”. Sin embargo, LAB ha expresado su inquietud por el hecho de que un acuerdo alcanzado entre la compañía y los sindicatos predominantes obstaculiza la posibilidad de revertir esta situación adversa.

“Aunque este pronunciamiento de la Inspección de Trabajo es un alivio, no implica que el ERE vaya a ser cuestionado de manera efectiva. Existen dos factores clave que contribuyen a esta realidad: en primer lugar, la ineficacia de las instituciones públicas para garantizar la protección de los derechos laborales; en segundo lugar, el pacto entre la dirección de BSH y los sindicatos mayoritarios, que frena cualquier intento de cambio”, ha declarado LAB en un comunicado.

La organización ha subrayado que “la solución a este segundo problema es tan compleja como sencilla: es indispensable que los sindicatos que fomentan la concertación pierdan su hegemonía”. LAB ha añadido que en Navarra se ha comenzado a observar un progreso en esta dirección en los años recientes.

Además, LAB ha señalado que “la falta de acción de las instituciones públicas presenta una solución igualmente complicada y simple, pero hoy por hoy, no parece que nos encaminemos hacia un cambio”. En el contexto de la próxima ley de Industria de Navarra, el sindicato ha llevado a cabo diversas propuestas durante los últimos meses para evitar situaciones como la del ERE. Entre estas propuestas, se destaca la necesidad de implementar una ley de deslocalización efectiva y garantizar la involucración activa de las instituciones en la planificación de proyectos industriales estratégicos. Sin embargo, LAB ha lamentado que estas iniciativas no hayan sido contempladas en el último borrador de la ley.

Finalmente, LAB ha reafirmado su compromiso de seguir defendiendo tanto las condiciones laborales como la estabilidad en el empleo de los trabajadores, manifestando su intención de luchar por normativas que beneficien a todos, independientemente de la existencia de leyes que respalden sus demandas.