PAMPLONA, 5 de agosto. En un paso significativo hacia la transparencia y la rendición de cuentas, la comisión de investigación del Parlamento de Navarra ha establecido este martes un plan de acción para indagar sobre las adjudicaciones de obras públicas realizadas por el Gobierno regional en las últimas legislaturas. La comisión ha decidido invitar a un total de 40 personas, entre las que destacan figuras clave como el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el exasesor ministerial Koldo García y el propietario de Servinabar, Antxon Alonso.

Sin embargo, las solicitudes para que comparezcan el exministro José Luis Ábalos y la actual presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, no han sido aprobadas. Se anticipa que las audiencias comenzarán el 14 de octubre, marcando un hito en el compromiso del Parlamento con la transparencia y la supervisión gubernamental.

Irati Jiménez, presidenta de la comisión, comunicó estos avances durante una rueda de prensa, destacando que en la reciente sesión se llevaron a cabo 179 votaciones, de las cuales 99 fueron aprobadas. Este proceso refleja la diligencia del Parlamento en su esfuerzo por investigar las irregularidades en la adjudicación de obras públicas.

Como parte de la investigación, se ha decidido solicitar documentación a diversas entidades, incluyendo el Gobierno de Navarra, la Cámara de Comptos, la Oficina de Buenas Prácticas, y otros organismos relevantes como la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. También se pedirá información a empresas vinculadas al caso, entre ellas Servinabar, Acciona y Geoalcali, con el fin de que toda esta documentación sea entregada antes del 15 de septiembre.

Además, se ha propuesto que la Mesa y la Junta de Portavoces habiliten la sala de comisiones para que se realicen dos sesiones semanales, programadas para los martes y miércoles, facilitando así un mejor seguimiento de los interrogatorios, que se llevarán a cabo a las 9:30 y a las 15:15, respectivamente.

El orden en que las personas citadas comparecerán ante la comisión será determinado y votado en una sesión programada para la segunda quincena de septiembre. Para garantizar la legalidad del proceso, se han solicitado informes jurídicos que clarifiquen los términos que rigen la obligación de comparecer y la recolección de información.

Irati Jiménez expresó su optimismo en que la información solicitada sea recibida prontamente, y subrayó la obligación de aquellos convocados de comparecer, recordando que todas las garantías procesales deben ser respetadas. La presidenta también hizo un llamado a los partidos políticos para que colaboren en este importante proceso, asegurando que se maneje con la seriedad y rigurosidad que la situación exige.