PAMPLONA, 24 de septiembre. Este 1 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores, la plataforma Mayores frente a la Crisis organizará una manifestación en Pamplona, donde se exigirán importantes reivindicaciones relacionadas con el bienestar de las personas mayores. La marcha comenzará a las 12 del mediodía desde el Ayuntamiento de la capital navarra, y pretende poner de relieve el derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, así como la necesidad de mejoras en el sistema de salud y en los cuidados.

Los voceros de la plataforma, que incluye a diversas organizaciones como ANAPP, AMONA, COESPE NAVARRA y otros, realizaron un pronunciamiento en una rueda de prensa en la que subrayaron la relevancia de esta movilización. Javier Ordóñez y Patxi Urrutia, dos de los portavoces, leyeron un comunicado que exigía la urgencia de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, un asunto crucial para el bienestar de la población mayor.

Ordóñez expresó la necesidad de que los gobiernos aseguren ingresos mínimos para que las personas mayores puedan disfrutar de una vejez digna. También enfatizó que es vital abordar la situación de las pensiones de viudedad y trabajar hacia la eliminación de la brecha de género en este ámbito.

En relación con la sanidad, se señalaron los problemas persistentes en el sistema de salud, resaltando que, a pesar de una leve disminución de las listas de espera en atención especializada, las cifras siguen siendo insostenibles. Ordóñez advirtió que las demoras en diagnóstico y tratamiento pueden tener consecuencias graves para las personas mayores, quienes no pueden permitirse largas esperas.

Se destacó la falta de accesibilidad a la atención en los centros de salud, donde conseguir una cita se ha vuelto casi un juego de azar. Por lo tanto, se pidió un refuerzo en los centros de atención primaria y la incorporación de la gerontología en la atención sanitaria para abordar adecuadamente las necesidades de las personas mayores.

Otro punto crítico abordado fue la situación de los cuidados, donde se evidenció un empeoramiento. Ordóñez argumentó que, en lugar de avanzar hacia un sistema de cuidados públicos, se observa cómo las empresas privadas están aumentando su presencia en Navarra, priorizando el lucro sobre el bienestar y la calidad del empleo en el sector de los cuidados, que ya es precario y mayormente feminizado.

El vocero subrayó que la garantía de una vejez digna reside en el sector público y no en las entidades que buscan lucrarse de los cuidados. En este sentido, reclamó una mayor vigilancia de las residencias para asegurar el cumplimiento de las normativas en cuanto a cuidados y condiciones laborales del personal.

Además, los manifestantes demandaron un convenio justo para el personal que trabaja en el ámbito de los cuidados, abogando por salarios dignos y estabilidad laboral para quienes desempeñan esta esencial actividad.

La plataforma también pidió más centros de día de gestión pública y servicios de atención a domicilio que respondan a las necesidades de las personas usuarias, con un incremento de recursos humanos y materiales. Esta mejora permitiría a muchas personas mayores permanecer en sus hogares más tiempo, lo que es un deseo común entre este grupo.

Sin embargo, la soledad no deseada es un factor que condiciona este deseo. Por ello, se planteó la necesidad de abrir un debate sobre cómo combatir el aislamiento social de las personas mayores, fomentando su participación y conexión con la comunidad.

Este año, la plataforma ofrecerá un reconocimiento especial a las asociaciones Derecho a Morir Dignamente y la Sociedad Navarra de Cuidados Paliativos, agradeciendo su invaluable trabajo en el acompañamiento de las personas mayores en el final de sus vidas.

Finalmente, los portavoces no dudaron en expresar su condena al genocidio en Palestina, lamentando la indiferencia de la comunidad internacional frente a la tragedia que viven los palestinos. Destacaron que mientras miles de personas, incluidos niños, padecen las consecuencias de este conflicto, la falta de respuesta contundente por parte de la Unión Europea solo propicia la impunidad de las acciones del gobierno israelí.