En un reciente fallo judicial, una mujer ha sido condenada a 21 meses de prisión tras un atraco con un cúter a una sucursal bancaria en Pamplona, donde logró hacerse con más de 2.300 euros. El tribunal ha ordenado que la acusada debe devolver esta suma como parte de su responsabilidad civil.

La decisión del Juzgado de lo Penal nº 2 de Pamplona se basa en un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, donde se reconoció que la mujer actuó bajo la influencia de alcohol y anfetaminas, constituyendo así un delito de robo con intimidación en un establecimiento abierto al público.

Los hechos ocurrieron el 7 de junio de 2024, cuando la acusada ingresó en la sucursal de Banco de Santander, ubicada en la avenida de Marcelo Celayeta, con la intención de llevar a cabo el atraco. Fue en ese momento que saltó detrás del mostrador y comenzó a exigir el dinero al empleado, guardando las partidas en una bolsa de deporte que llevaba consigo.

En un giro de los acontecimientos, la mujer, visiblemente nerviosa, mostró un cúter al empleado, lo que le permitió continuar recolectando el dinero disponible en otros dispensadores, ante el temor del trabajador. Esta acción desesperada refleja tanto su estado emocional como la naturaleza caótica de la situación.

La mujer fue detenida al día siguiente del atraco y, según informes, padece un trastorno por consumo de diversas drogas. El tribunal enfatizó que su comportamiento delictivo fue influenciado por sus adicciones, lo que se tuvo en cuenta en la sentencia.

Antes del juicio, la fiscalía había exigido una pena de prisión de cuatro años, mientras que la acusación particular, en representación de la entidad bancaria, había solicitado cinco años. Sin embargo, la magistrada dictó una sentencia de 21 meses, considerando las circunstancias atenuantes del caso.

La juez también ha determinado que, antes de considerar la suspensión de la condena, la acusada será evaluada por un médico forense, quien deberá recomendar el tratamiento más adecuado para su condición. Además, se le ha impuesto un bloqueo de acceso a la sucursal bancaria durante un periodo de tres años, como medida para proteger a la entidad y a sus empleados.