En un fallo contundente, el Juzgado de lo Penal número 5 de Pamplona ha dictado una sentencia que impone a un hombre de 45 años una pena de 2 años y 10 meses de prisión por maltratar, amenazar e insultar a su esposa durante un largo periodo de 16 años de matrimonio en una localidad de la Ribera de Navarra.

La sentencia, que ahora será apelada ante la Audiencia Provincial, establece que el condenado no podrá acercarse a menos de 100 metros de la denunciante ni comunicarse con ella durante un periodo de 7 años, lo que apunta a una intención clara de proteger a la víctima de cualquier posible represalia.

De acuerdo a la información proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, la pareja, que inició su relación en 2002 y contrajo matrimonio en 2003, finalmente se separó en 2019, concretándose el divorcio en enero de 2020. La historia de abuso comenzó desde los inicios de su relación, creando un ambiente tóxico que limitó la vida y la autonomía de la mujer.

El tribunal subrayó que el comportamiento del acusado generó un "clima de agresión" que abarcaba tanto violencias físicas como psicológicas, con el claro objetivo de ejercer control y dominio sobre la víctima. Esta situación resultó en una lamentable anulación de su identidad, al ser sometida a humillaciones y amenazas constantes que degradaron su bienestar y dignidad.

Las agresiones eran físicas y verbales, manifestándose en empujones, gritos y la destrucción de objetos, así como amenazas directas de muerte. Una de las amenazas más perturbadoras implicó que, en un momento de tensión, el hombre se acercó a su esposa en la cocina y le manifestó que tenía la intención de matarla, lo que refleja la gravedad de la situación vivida por la víctima.

Además, las vejaciones verbales se traducían en insultos constantes, donde la víctima era descalificada por su apariencia, socavando aún más su autoestima y estabilidad emocional. Los abusos sucedían a menudo en el hogar familiar y, trágicamente, frente a sus hijos, lo que hace aún más inquietante esta situación de comportamiento malicioso.

A pesar de la tormenta de abusos, la víctima decidió renunciar a reclamar cualquier tipo de indemnización por daños, lo que podría interpretarse como un acto de resistencia y búsqueda de justicia más que de compensación monetaria.

En el marco del juicio, la magistrada impuso penas concretas al acusado: 2 años de prisión por maltrato habitual, 10 meses por amenazas y trabajos comunitarios por injurias, a pesar de que la defensa del acusado intentó invalidar las acusaciones al cuestionar la motivación de la denunciante, sugiriendo motivos económicos.

No obstante, la juez desestimó estas alegaciones, destacando la autenticidad del testimonio de la víctima y el contexto de abuso persistente. La magistrada enfatizó que la duración del tiempo transcurrido hasta la denuncia no disminuye la credibilidad de la víctima, dado su perfil vulnerable.

La solidez del testimonio fue reforzada por la coherencia en las declaraciones a lo largo del proceso judicial y por el testimonio de un testigo que describió un ambiente de agresiones continuas. Adicionalmente, el relato de uno de los menores involucrados, aunque reticente, corroboró el clima hostil que reinaba en el hogar.

Este caso resalta la necesidad de un enfoque más robusto y compasivo hacia las víctimas de violencia de género, así como la importancia de abordar los problemas de poder y control en las relaciones, buscando erradicar la violencia en todos sus formas.