PAMPLONA, 8 de mayo. Las organizaciones sindicales Afapna, CCOO, ELA y UGT han llevado a cabo una manifestación este jueves frente al Palacio de Navarra, expresando su descontento con el decreto-ley foral relacionado con la reducción de la temporalidad. Los representantes de estos sindicatos han pedido que se implementen medidas efectivas que no solo aborden el problema de la temporalidad, sino que también protejan los derechos de los empleados públicos.

La líder de Afapna, Yolanda Erro, en representación de los sindicatos participantes, ha dejado claro su rechazo contundente a la elevada tasa de temporalidad que predomina en las administraciones públicas de Navarra. Erro ha expresado su descontento hacia un decreto ley que, según su perspectiva, se ha formalizado en la mesa sectorial en colaboración con Función Pública y LAB, lo cual consideran problemático.

Erro ha recordado que hace menos de un mes, los cinco sindicatos de la Mesa General habían propuesto una huelga general con el objetivo de exigir una verdadera reducción de la temporalidad. Sin embargo, sienten que el marco legal actual se está utilizando para implementar reformas que atentan contra los derechos de los funcionarios, lo que es motivo de gran preocupación para ellos.

En su crítica, ha destacado algunos puntos específicos de la nueva normativa, como la simplificación de los concursos de traslado. Según Erro, este nuevo enfoque prioriza la experiencia en el puesto actual sobre el historial de trabajo del funcionario, además de desestimar la formación académica en favor de la valoración de idiomas.

“Estamos ofendidos y frustrados; es esencial que se implementen medidas que realmente reduzcan la temporalidad sin perjudicar a los empleados públicos”, ha enfatizado Erro, asegurando que los sindicatos continuarán luchando por sus demandas originales planteadas en la huelga general.

Entre los objetivos expuestos, Erro ha mencionado la necesidad de un nuevo estatuto, uno que no sea cualquiera, sino que propicie el desarrollo de una carrera profesional para todos los empleados públicos, la disminución de la temporalidad al 8%, y la recuperación del poder adquisitivo, que ha sido erosionado en los últimos años.

Con respecto a las excedencias voluntarias, ha señalado que cuando un funcionario opta por ellas, generalmente lo hace tras haber pasado por un riguroso proceso selectivo, obteniendo una de las mejores puntuaciones entre un gran número de aspirantes. Esto, según su argumento, pone de relieve que dichas solicitudes no son caprichos, sino decisiones bien fundamentadas.

Por otro lado, Erro ha subrayado la importancia crucial de la formación continua. Argumentó que fortalecer la formación de los empleados públicos es vital para garantizar la calidad de los servicios que se ofrecen a la sociedad, y, por tanto, debería ser un factor considerado en todas las evaluaciones de empleo.