Este lunes los sindicatos CCOO, STAJ, AFAPNA, LAB, UGT y CSIF han llevado a cabo una concentración en Pamplona para dar inicio a una huelga indefinida en el sector de los cuerpos generales de la Administración de Justicia de Navarra. La razón de esta huelga es para reivindicar que no se les ha "consultado" ni se les ha hecho "la propuesta adecuada" sobre las reformas legales que se están produciendo. También se exige el reconocimiento de funciones y retribuciones justas.

A partir de este lunes, tendrán lugar paros de 10.00 a 13.00 horas y el miércoles se producirá un paro completo, coincidiendo con una manifestación en Madrid a la que acudirán los sindicatos convocantes en Navarra. Pedro Esparza, delegado sindical y secretario de la Comisión de Personal de la Administración de Justicia de Navarra y miembro de CCOO ha señalado que la huelga está convocada por "los funcionarios, los que estamos en las oficinas judiciales, los temporales, los médicos forenses, los tramitadores... En definitiva, los 'currelas'".

Esparza ha indicado que la huelga se lleva a cabo por varias cuestiones, incluyendo la falta de consulta sobre las reformas legales que se están produciendo y el acuerdo suscrito entre el ministerio y los Letrados de Administración de Justicia (LAJ), que perjudica al personal de los cuerpos generales y especiales. Los sindicatos reivindican "la paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de eficiencia organizativa hasta que se alcance un acuerdo para su modificación en la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia", así como "reconocimiento profesional y retributivo a las funciones que realmente realizan los cuerpos funcionariales". También se pide un incremento del complemento general de puesto y que se desarrolle un real decreto que plantee la carrera profesional en su propio ámbito.

Según Esparza, la huelga puede provocar la suspensión de juicios y la ralentización de la tramitación de los procedimientos. Además, ha criticado que el acuerdo entre los letrados y el ministerio solamente beneficiaba al 6 o 7% del personal de la Administración, dejando al resto huérfano y sintiéndose ninguneados.