PAMPLONA, 3 de octubre.

Juan Luis Sánchez de Muniáin, diputado de UPN, ha revelado que su partido tiene la intención de presentar ante la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra una serie de documentos que podrían implicar irregularidades en varios contratos de construcción adjudicados en el parque Sendaviva. Según su análisis, estos contratos han sido fraccionados de forma inapropiada y asignados a una misma empresa, la cual también llevó a cabo reformas en la sede del Partido Socialista de Navarra (PSN) poco antes.

Durante una rueda de prensa, Sánchez de Muniáin detalló que se trata de cuatro contratos que, en conjunto, suman 800.000 euros, pero cada uno fue otorgado de manera que su valor individual no superara los 200.000 euros, el umbral legal que activa la obligación de seguir un proceso de licitación pública.

Los contratos en cuestión fueron adjudicados en dos fechas distintas: dos de ellos el 15 de noviembre de 2023, con un importe de 199.999 euros cada uno, y los otros dos el 15 de diciembre de 2023, por montos de 198.886,72 y 199.848,74 euros. Esta información fue proporcionada a UPN por el Gobierno de Navarra tras su solicitud, motivada por noticias publicadas en medios de comunicación.

Sánchez de Muniáin subrayó que la normativa vigente prohíbe el fraccionamiento de contratos cuando los trabajos son funcional y operativamente coherentes entre sí. En este contexto, el parlamentario enfatizó que las obras se relacionan con la construcción de un edificio de acceso al parque de Sendaviva, así como la urbanización de accesos y plazas, que, según su opinión, comparten un "casi idéntico objeto".

Adicionalmente, acusó a la administración de no justificar este "troceamiento" de contratos, ya que, según afirmó, UPN ha pedido documentación que acredite dicho proceso y no ha recibido ningún informe jurídico ni acta que explique la decisión.

Como consecuencia, la formación regionalista ha optado por presentar el viernes la documentación correspondiente ante la Oficina Anticorrupción, buscando que se esclarezca si ha habido algún tipo de fraude legal. "Si se confirma este fraude, será necesario determinar si fue una decisión deliberada para eludir el proceso de licitación pública. En ese caso, estaríamos ante una actuación que contradice la ley de forma intencionada, lo cual podría dar lugar a acciones penales," añadió el parlamentario.

Sánchez de Muniáin también señaló que "no se descarta la posibilidad de acudir a la Fiscalía" en relación a estos contratos.

Aunque el parlamentario reconoció que, por el momento, no hay pruebas que vinculen directamente los contratos de NICDO con la reforma en la sede del PSN, subrayó que es esencial realizar una investigación minuciosa para determinar el alcance y la responsabilidad de las posibles irregularidades.

(Se anticipa que se sumarán más detalles en la próxima actualización.)