PAMPLONA, 3 de abril.

El Parlamento de Navarra ha tomado una decisión significativa al rechazar, en su sesión plenaria de este jueves, una propuesta de ley presentada por UPN que buscaba modificar el Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, impidiendo que personas condenadas por terrorismo pudieran ejercer como docentes.

La propuesta de UPN se originó tras la controversia generada por la revelación de que un antiguo miembro de ETA estaba impartiendo clases en un instituto público de Tudela. Sin embargo, la iniciativa no logró el apoyo esperado y fue desestimada por los grupos parlamentarios PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, quienes cuestionaron su legalidad basándose en los informes de la letrada mayor y del Consejo de Navarra, que manifestaron preocupaciones sobre ciertos aspectos de la propuesta. Por otro lado, PPN, Vox y la parlamentaria no adscrita, Maite Nosti, votaron a favor de la medida.

La propuesta regionalista planteaba que aquellos que desearan postular a puestos con contacto habitual con menores debían demostrar que no habían sido condenados por terrorismo, para lo cual tendrían que presentar un certificado de antecedentes penales.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, defendió la propuesta argumentando que su intención es "evitar que personas acusadas de terrorismo enseñen a menores regularmente", sugiriendo que un individuo con tales antecedentes no puede inculcar valores positivos. Además, cuestionó la postura del PSN, sugiriendo que temen irritar a EH Bildu, y acusó a este último partido de ser defensor de los derechos de los exmiembros de ETA.

En respuesta a las objeciones legales planteadas, Esparza indicó que según la letrada mayor del Parlamento, no había ningún indicio de inconstitucionalidad en la propuesta y destacó que el dictamen del Consejo de Navarra no había sido unánime, lo que consideró una debilidad en la oposición a su iniciativa.

Además, Esparza criticó la ausencia de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en el debate parlamentario, aunque los socialistas argumentaron que la agenda europea no está determinada por las propuestas de UPN.

En su intervención, Inma Jurío, del PSN, expresó su preocupación por la viabilidad constitucional de la propuesta y la consideró vagamente redactada, lo que podría generar incertidumbre jurídica. Afirmó que el rechazo a la ley no proviene únicamente de su partido, sino también de los asesores jurídicos del Parlamento y expertos en la materia.

Jurío también instó a UPN a recordar que durante su mandato, a pesar de la actividad de ETA, hubo docentes en la educación que no fueron apartados, indicando que eran conscientes de la ilegalidad de tales medidas, y subrayó que la competencia para este tipo de cuestiones corresponde al ámbito nacional.

Por su parte, Irati Jiménez, de EH Bildu, manifestó que su grupo no busca convencer a UPN y que el debate que proponen solo alimenta la división y el enfrentamiento social. También defendió que el dictamen del Consejo de Navarra provee un análisis jurídico sólido que cuestiona la propuesta de UPN, abogando por un enfoque menos restrictivo frente a los derechos humanos.

Blanca Regúlez, de Geroa Bai, reconoció el objetivo validable detrás de la propuesta de UPN, pero la calificó de demagógica y opositora al sentido común, señalando los informes que indican la falta de constitucionalidad como decisivos.

El portavoz del PPN, Javier García, expresó su descontento con la postura del PSN, alegando que el verdadero debate radica en si es aceptable permitir que individuos condenados por terrorismo enseñen a menores, abogando por la modificación de leyes que se consideren justas.

Desde Contigo-Zurekin, Miguel Garrido cuestionó la lógica de UPN, sugiriendo que si se excluye a terroristas, ¿qué se haría con otros criminales? Propuso que la medida podría ser vista como un ataque a la izquierda abertzale en lugar de una auténtica protección a los menores.

Emilio Jiménez de Vox, en cambio, aplaudió la valentía de la propuesta de UPN, sosteniendo que es inaceptable que un individuo condenado por terrorismo pueda tener un papel docente.

Finalmente, la parlamentaria no adscrita Maite Nosti, quien dejó Vox recientemente, defendió la necesidad de restringir el acceso a la educación para quienes han sido condenados por terrorismo, considerando que su presencia representa un peligro para la sociedad y los valores democráticos. Nosti había propuesto también un añadido a la ley, que obligara a presentar certificados de antecedentes por delitos sexuales, aunque fue rechazado por UPN, que argumentó que ya está contemplado en la legislación vigente.