La ciudad de Pamplona ha dado un paso significativo en la lucha contra la violencia de género con la reciente firma de un innovador protocolo de colaboración entre la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Foral y la Policía Municipal. Este acuerdo, formalizado el lunes, tiene como objetivo principal garantizar una atención prioritaria y coordinada a las mujeres víctimas de violencia, buscando mitigar el impacto del maltrato en sus vidas.

En el acto de firma, que marca un hito en la colaboración interinstitucional, participaron destacados representantes de las fuerzas de seguridad, incluyendo a Manuel Jesús del Collado, jefe superior de la Policía Nacional; José Miguel Barbero, coronel de la Guardia Civil de Navarra; Iván Ortueta, jefe de la Policía Foral; y Antonio José Sánchez, jefe de la Policía Municipal. También estuvieron presentes Alicia Echeverría, delegada del Gobierno en Navarra, y Estrella Lamadrid, responsable de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género, quien ha sido clave en la elaboración de este documento.

Este protocolo establece directrices claras para las acciones que deben seguir los diferentes cuerpos policiales en situaciones de violencia de género. Uno de los pilares fundamentales es la rapidez en la respuesta policial ante casos de emergencia, centrándose en la sensibilidad y eficacia para no revictimizar a quienes han padecido este tipo de violencia. Así, se asegura que las damnificadas cuenten con información accesible sobre sus derechos y se facilite la colaboración con recursos que brinden apoyo psicológico y jurídico fuera del ámbito policial.

Dentro del acordado, se establece que cualquier mujer que acuda a realizar una denuncia será atendida de manera inmediata, asegurando su seguridad desde el primer contacto. En caso de que no haya atención especializada disponible en ese momento, las diferentes fuerzas se coordinan para trasladar la denuncia a personal capacitado que pueda ofrecer la necesaria asistencia.

Además, se puntualiza que, si se presenta una nueva situación de riesgo que requiera la intervención de una fuerza policial diferente, ésta deberá ser informada para garantizar una atención adecuada y continua. Lo mismo ocurre con cambios de domicilio de la víctima, para que la protección no se vea interrumpida.

Las autoridades también han delineado claramente las funciones que cada cuerpo policial asumirá en el seguimiento de los casos de violencia de género. Entre estas funciones se incluye la comunicación constante con las víctimas que están bajo un programa de protección, así como la identificación de posibles situaciones de riesgo para ellas. Las fuerzas se comprometen a gestionar información operativa de otras entidades que puedan estar involucradas y facilitar el acceso a servicios especializados que apoyen a estas mujeres.

Otro aspecto relevante del protocolo es el seguimiento de los entornos cotidianos de las víctimas y sus hijos, así como el monitoreo de áreas donde el agresor solía estar presente, en función del nivel de riesgo. Esto se une a la obligación de ofrecer consejos sobre seguridad personal y pautas para su protección, además de información precisa sobre sus derechos y procedimientos que deben seguir en varias circunstancias.

Las policiales no solo proporcionarán asesoramiento, sino que también acompañarán a las víctimas durante el proceso de denuncia y en su asistencia a juicios, según sea necesario. Se establecerán alertas para las unidades operativas en situaciones de peligro inminente reportadas por las víctimas, asegurando que reciban el respaldo adecuado en momentos críticos.

Además, las fuerzas de seguridad seguirán los protocolos establecidos en la Instrucción 1/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad con respecto al agresor, y si es necesario proceder a su detención, trabajarán conjuntamente para localizarlo, incluso si su paradero es incierto.

Por último, el protocolo prevé la formación de un órgano específico para el seguimiento y coordinación operativa de todas las acciones entre los diferentes cuerpos policiales, asegurando así una respuesta integral y efectiva en la lucha contra la violencia de género en la región.