En Pamplona, el 29 de julio, se ha encendido la controversia en torno al emblemático monumento conocido como los Caídos, ya que la Agrupación de Asociaciones Memorialistas ha presentado una serie de objeciones ante el Ayuntamiento relacionado con la modificación de su catálogo. Esta iniciativa busca cuestionar los fundamentos sobre los cuales se propone alterar el estatus del monumento.

Las alegaciones se dividen en dos partes: por un lado, se argumenta la nulidad del acuerdo municipal y, por otro, se critican los detalles del proyecto de modificación. Las organizaciones alegantes defienden que el acuerdo es inaplicable, puesto que el catálogo del monumento no ha sido publicado de manera completa desde su aprobación en un anuncio del BON, el 2 de mayo de 2003, lo que invalidaría cualquier intento de enmienda.

Además, denuncian que uno de los principales objetivos de la modificación es la transformación del entorno de los Caídos, con la intención de facilitar una mejor conexión entre el II Ensanche y Lezkairu. Esto implica la posibilidad de derribar las arcadas laterales mientras se preserva el edificio central, lo que, según los memorialistas, encierra un plan urbanístico que sobrepasa lo que se presenta como una simple reforma. "Se están ocultando intenciones de modificar radicalmente la ordenación del área, bajo la apariencia de una revisión de protección", afirman.

Las asociaciones también subrayan que cualquier reforma de este tipo requeriría una modificación del Plan Municipal, no simplemente del catálogo, insistiendo en que se ha elegido el procedimiento incorrecto. "El acuerdo que se ha aprobado carece de base legal, ya que el marco urbanístico utilizado no es el adecuado", sostienen.

Asimismo, plantean que la falta de consulta ciudadana previa, que es obligatoria según la legislación urbanística para una reforma de esta índole, convierte el acuerdo en nulo. "La decisión de desproteger las arcadas para facilitar su derribo, bajo el pretexto de mejorar la conexión con Lezkairu, evita involucrar a la ciudadanía en la discusión de esta significativa reurbanización", se quejan las asociaciones.

Finalmente, insisten en que la modificación propuesta infringe la ley estatal de memoria democrática, que proclama la eliminación de símbolos franquistas. A pesar de que el Ayuntamiento afirma que la intención es preservar el valor histórico del monumento, las organizaciones memorialistas argumentan que tal medida perpetúa la simbología franquista, desafiando también la legislación de Navarra que exige la erradicación de tales emblemas.

Las alegaciones concluyen demandando al Ayuntamiento que anule la modificación del catálogo y proceda al derribo de la estructura, de acuerdo con lo establecido en la ley de memoria democrática, subrayando la necesidad urgente de actuar en conformidad con las normativas de memoria y justicia social.