En Pamplona, el 22 de noviembre, múltiples organizaciones sociales han alzado su voz para expresar su profunda preocupación por la precariedad de la situación de las personas sin hogar en la ciudad. Este viernes, denunciaron que las plazas habilitadas por el Ayuntamiento son completamente insuficientes y exigieron al Gobierno foral que asuma sus responsabilidades, activando todos los recursos a su disposición para asegurar el alojamiento y la alimentación de quienes se encuentran en situación de calle de forma inmediata.

La portavoz Beatriz Villahizán, representando a diversos colectivos como París 365, Haritu, el Sindicato de Vivienda Socialista, Lantxotegi, PIM-MIG, Salhaketa Nafarroa, Apoyo Mutuo, Elkarte, Oxfam Intermon y SOS Racismo, hizo un llamado urgente ante los medios. Villahizán mencionó un comunicado en el que se critica la alarmante situación de cientos de personas que, una vez más, deben afrontar la dura realidad de vivir y dormir en la calle durante la actual ola de frío, expuestos a condiciones inhumanas.

La activista subrayó que las 165 plazas de alojamiento ofrecidas por el Ayuntamiento no son suficientes para cubrir las necesidades de todas las personas en situación de calle. “El pasado 13 de noviembre, 51 personas que se presentaron en el albergue de Trinitarios no pudieron acceder”, advirtió, señalando así una problemática que parece repetirse año tras año sin un enfoque adecuado por parte de la administración.

Villahizán también denunció que las normas de acceso a los recursos públicos son elaboradas por la propia Administración de manera arbitraria, lo que termina excluyendo a muchas personas, especialmente aquellas que no pueden demostrar un año de residencia. “Es necesario romper con estas exclusiones y garantizar los derechos fundamentales de todos, sin excepciones. Reconocer a todas las personas como sujetos de derechos debería ser el objetivo y no limitar la dignidad humana en base a criterios burocráticos”, afirmó.

En su intervención, destacó que la situación de las personas abocadas a vivir en las calles está en aumento, pero lamentó que, en lugar de avanzar en el aseguramiento de sus derechos, se está retrocediendo. “El Gobierno de Navarra tiene la responsabilidad primordial de asegurar que cada persona disponga de un lugar adecuado para vivir, especialmente en condiciones climáticas extremas como las que estamos viviendo. Es algo que incluso el Defensor del Pueblo ha recordado”, agregó.

La portavoz consideró que es absolutamente indignante y contrario a los derechos humanos que el Gobierno de Navarra no esté actuando proactivamente para garantizar las necesidades básicas de las personas sin hogar. También hizo un(hincapié en que todos los ayuntamientos deben atender a esta población vulnerable a través de los Servicios Sociales, garantizando su derecho al empadronamiento y a la atención sanitaria, así como a la escolarización y al sistema de protección social.

“Es vital que las instituciones proporcionen la asistencia necesaria a quienes están en situación de vulnerabilidad, sin imponer requerimientos que dificulten el acceso a recursos tan básicos”, continuó Villahizán. “El Gobierno tiene la obligación de movilizar todos los recursos necesarios, ya que la normativa vigente permite garantizar estos derechos. Cualquier traba o laberinto administrativo es una clara abandonación de sus responsabilidades y una discriminación que atenta contra el derecho a la igualdad”, insistió.

Villahizán no dudó en atribuir la responsabilidad última al Gobierno de Navarra, al que instó a trabajar de inmediato para mitigar la situación crítica actual, así como a desarrollar medidas que prevengan problemas futuros. “No podemos permitir que tanto el Gobierno como los Ayuntamientos permanezcan indiferentes, ni aceptar que su respuesta a esta ola de frío sea sólo un protocolo que, además de ser insuficiente, incumple las recomendaciones del Defensor del Pueblo y los principios de derechos humanos”, aclaró con contundencia.

Entre las propuestas de acción que defendió, mencionó la necesidad de un “programa integral que se implemente en todo el territorio, asegurando los derechos mínimos de todas las personas y que sea capaz de responder a la situación actual, sin dejar a nadie fuera del sistema”. También exigió al Ayuntamiento de Pamplona que garantice la cobertura a las personas sin hogar, independientemente del tiempo que lleven residiendo en la ciudad.

“Somos conscientes de que la problemática es compleja y va más allá de la respuesta ante la ola de frío, y que existen múltiples factores que propician que las personas acaben viviendo en la calle. Sin embargo, es inaceptable mirar hacia otro lado o resignarse ante la incapacidad del Gobierno de Navarra para asegurar incluso los derechos más fundamentales, dejando a decenas de personas en condiciones miserables”, expresó.

Finalmente, Villahizán hizo un llamado a la acción, recordando que hace un mes se enviaron comunicaciones y reclamaciones a diversos departamentos del Gobierno de Navarra que aún no han sido atendidas. “Seguimos esperando la convocatoria para una reunión que permita abordar este tema urgente”, concluyó, dejando claro que el compromiso y la respuesta del gobierno son esenciales para enfrentar la crisis social actual.

En cuanto a la pregunta de cuántas plazas serían necesarias para atender a todas las personas en situación de exclusión, Villahizán destacó que no se puede dar una cifra exacta, ya que se trata de un número indefinido que debe ser evaluado por la misma administración. “Son ellos quienes tienen acceso a las estadísticas sobre la situación de exclusión del sistema de protección y de las personas en situación de calle. Deberían ser ellos quienes aclaren cuántas plazas son necesarias”, finalizó.