PAMPLONA, 18 de agosto.

La Audiencia de Navarra ha decidido que el anciano que se encuentra en prisión provisional desde el 30 de julio, tras la muerte de su esposa en Zizur Mayor, podrá cumplir su condena en un entorno domiciliario designado por sus hijos. Este grupo familiar se encargará, además, de implementar un sistema de vigilancia y apoyo en su nuevo lugar de residencia.

De acuerdo a la resolución del tribunal, que es irrevocable, el cumplimiento de esta medida estará controlado mediante un dispositivo electrónico, permitiendo así un seguimiento de la situación del acusado fuera del entorno carcelario.

El juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Pamplona había determinado la prisión preventiva sin posibilidad de fianza debido a la probabilidad de fuga, dada la severidad de las penas a las que podría enfrentarse por un presunto delito de asesinato, además del riesgo de que pudiera alterar o destruir evidencia relevante.

La defensa del acusado impugnó esta medida argumentando la falta de justificación adecuada en la decisión judicial. Así, solicitó libertad provisional y, en caso de que esta no fuera aceptada, la implementación de un sistema de monitoreo. Por su parte, la fiscalía se opuso a la apelación presentada.

La Sección Segunda de la Audiencia ha desestimado la impugnación de la defensa al considerar que la resolución del juez instructor carece de fallos en su razonamiento. Aunque es posible cuestionar la decisión del juez, los magistrados afirman que no se presentan defectos evidentes en su lógica.

Añaden que, tras haber entregado las llaves de la vivienda a la hija del matrimonio y levantado el precinto, el riesgo de que se eliminen o alteren pruebas es nulo, ya que todos los elementos necesarios para la investigación fueron asegurados por la Guardia Civil.

En cuanto al riesgo de fuga del anciano, los magistrados consideran que la posibilidad de que un hombre de 85 años intente escapar de la justicia es en gran medida “especulativa”.

La decisión de la Audiencia también se fundamenta en un informe neurológico realizado el 6 de agosto dentro de la prisión, que revela un deterioro cognitivo significativo que afecta al acusado desde al menos marzo de este año.

Según el especialista que evaluó su estado mental, este deterioro ha dejado al anciano en una situación de vulnerabilidad, incapaz de tomar decisiones coherentes sobre su vida, lo que subraya la necesidad de asegurar su protección en todos los aspectos.

En su resolución, los magistrados afirman que en este momento no es pertinente determinar si la muerte de su esposa fue producto de un asesinato o si se trató de un accidente. Aseguran que solo se podrá llegar a una conclusión definitiva una vez se complete un análisis de las pruebas toxicológicas recolectadas en el domicilio, junto con otros elementos que fueron descartados por el investigado en un contenedor cercano a su hogar.