PAMPLONA, 31 de marzo. El portavoz del Partido Socialista de Navarra (PSN), Ramón Alzórriz, expresó su profundo malestar ante la inminente tramitación de dos leyes propuestas por Unión del Pueblo Navarro (UPN) que buscan prohibir que personas condenadas por terrorismo impartan clases. Alzórriz tachó estas iniciativas de "carentes de rigor jurídico" y con "claras posibilidades de inconstitucionalidad". A esta crítica, el portavoz de UPN, Javier Esparza, replicó con dureza acusando al PSN de ser fuente de "vergüenza".

Tras una reunión de la Mesa y Junta de Portavoces, Alzórriz argumentó que, según los análisis de los letrados del Parlamento de Navarra, el Consejo de Navarra y los servicios jurídicos del Gobierno, las propuestas de UPN presentan serias inconsistencias legales. "No podemos permitir que se ignoren los consejos de expertos en un asunto tan delicado", afirmó Alzórriz.

El portavoz socialista subrayó la necesidad de poner freno a estas leyes, las cuales han sido cuestionadas por juristas reconocidos en la comunidad. "Es indignante que haya miembros de UPN que no consulten a sus propios abogados antes de presentar propuestas que no tienen cabida en nuestra legislación", aseveró, haciendo un llamamiento a la responsabilidad en la elaboración de leyes.

Por su parte, Javier Esparza defendió la postura de UPN, afirmando que sus propuestas están alineadas con el sentido común de la sociedad navarra. En sus declaraciones, criticó al PSN por tomar partido en favor de quienes él considera terroristas en lugar de promover la convivencia y la seguridad en la educación.

Esparza también planteó observaciones sobre la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, insinuando que su ausencia en la votación del jueves evidenciará su desconexión con esta cuestión candente. "No quiere verse involucrada en la defensa de un asunto que preocupa a nuestra sociedad", afirmó.

En un tono desafiante, Esparza exigió al PSN que exprese claramente su postura y motive su decisión de no actuar contra lo que él considera una situación intolerable: permitir que terroristas que no han mostrado arrepentimiento puedan educar a los jóvenes. "Es inaceptable que personas con antecedentes de violencia tengan acceso a los menores en nuestras aulas", sentenció.

Respecto a la validez constitucional de las leyes, Esparza argumentó que solo el Tribunal Constitucional puede determinar su legalidad, y no los informes de los letrados locales. "Nosotros estamos seguros de que nuestras propuestas tienen un fundamento sólido y no tememos a la discusión en el ámbito jurídico", aseguró.

El portavoz de UPN cerró su intervención enfatizando la importancia de mantener este debate en el ámbito público, considerando esencial que se escuchen las voces de quienes apoyan la educación sin la influencia de personas con antecedentes violentos. "Queremos que este tema se discuta abiertamente, ya que es necesario para entender el impacto en la vida de nuestros jóvenes", concluyó, refrendando el compromiso de su partido con valores que buscan fortalecer la convivencia en Navarra.

Según Esparza, la discusión que se avecina es legítima y necesaria para enfrentar un reto crucial en la educación y la sociedad navarra. "Invitamos a cualquier persona que se oponga a estas leyes a explicar sus argumentos y compartir su visión sobre el futuro de nuestra tierra", dijo, mostrando confianza en que sus propuestas serán respaldadas.