En Pamplona, el 9 de abril, se llevó a cabo una jornada de huelga en la función pública de Navarra, donde los sindicatos LAB, Afapna, CCOO, ELA y UGT expresaron su satisfacción. Consideran que la convocatoria ha tenido una respuesta notable y que puede ser calificada de exitosa.

Yolanda Erro, presidenta de Afapna, fue la vocera de las organizaciones sindicales en una rueda de prensa celebrada antes de la manifestación programada en la tarde del mismo día. Este evento vio participaciones significativas tanto en la capital como en Tudela, donde se realizaron concentraciones para exigir mejoras en las condiciones laborales.

Los manifestantes portaron pancartas que destacaban demandas clave como la "Mejora de nuestras condiciones laborales", "Dimensionamiento adecuado de la plantilla", y la "Recuperación del poder adquisitivo". Además, corearon consignas que pedían una "carrera profesional para todo el personal" y denunciaron la temporalidad en el empleo, reclamando que se redujera al 8% y que se respetaran los acuerdos firmados.

Respecto a las cifras proporcionadas por el Gobierno de Navarra, que estimaron un seguimiento de la huelga del 13,79% en la Administración foral y del 4,38% en el Servicio Navarro de Salud, Erro enfatizó que "es un primer dato" y que las condiciones de los servicios mínimos impuestas habían sido excesivas.

"Estamos satisfechos porque se ha visto una respuesta, porque ha sido un éxito", enfatizó Erro, quien añadió que aunque solo cuentan con los datos oficiales, espera que se compartan cifras que puedan diferir. "Los sindicatos también realizaremos nuestro propio análisis", subrayó.

En cuanto a la relación con el Gobierno, Erro mencionó que habrá una reunión de la Mesa General el jueves, pero destacó que las negociaciones han sido complicadas. Indicó que comenzaron con una agenda bien definida, pero que se han encontrado con demoras que han generado frustración entre los sindicatos. "No queremos ir a la huelga, sino tener un diálogo efectivo respaldado por un presupuesto realista", remarcó.

También se refirió a las acusaciones realizadas por los sindicatos hacia la consejera de Interior y Función Pública, Amparo López, a quien se le atribuyó la obstrucción de las negociaciones para un nuevo Estatuto de la Función Pública. Erro indicó que estas declaraciones reflejan el descontento existente, pero también dejó claro que aún hay oportunidades para revertir la situación y alcanzar un acuerdo beneficioso. "El objetivo es mejorar tanto las condiciones laborales como la calidad de los servicios públicos", declaró.

Desde su perspectiva, el Gobierno ha logrado avances, aunque aún son considerados insuficientes. "Proponemos cambios sensatos, como una carrera profesional justa para todos los empleados públicos, un nuevo estatuto adaptando a la realidad actual, y medidas claras para reducir la temporalidad por debajo del 8%. También es fundamental recuperar el poder adquisitivo y facilitar la conciliación familiar y laboral", concluyó Erro.