El debate en el Parlamento de Navarra ha tomado un giro tenso esta semana, ya que los diferentes grupos políticos manifestaron sus diferencias en torno al desarrollo de la comisión de investigación sobre las adjudicaciones realizadas por el Gobierno foral en las últimas legislaturas. La presidenta de la comisión, Irati Jiménez, describió la situación como un "debate complejo", reflejando la variedad de posturas en la materia.

En la reunión interna que tuvo lugar el miércoles, se acordó un esquema de trabajo que incluye dos sesiones semanales, con un límite de 60 minutos por grupo. Sin embargo, algunos partidos criticaron esta decisión, abogando por tres sesiones a la semana y tiempos más amplios, con la finalidad de concluir los trabajos de manera más eficiente.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, expresó su satisfacción por el inicio de las comparecencias con el caso de las obras de Belate, aunque sugirió que se debería haber comenzado con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Esparza subrayó que el enfoque de la comisión gira en torno a este caso, por lo cual lo consideró prioritario. Además, criticó el tiempo de 60 minutos asignado a cada grupo, argumentando que las comisiones anteriores no tenían estas restricciones de tiempo.

Por parte del PSN, Javier Lecumberri destacó los puntos de discrepancia más significativos: el orden de las comparecencias y la duración de las sesiones. El PSN propuso un enfoque en el que primero comparezcan las empresas y personas relacionadas con los contratos investigados, algo que no fue acogido en la propuesta final, lo que, según Lecumberri, carece de la lógica necesaria para una investigación efectiva.

El representante de EH Bildu, Adolfo Araiz, también manifestó su preocupación, alegando que hay una estrategia por parte de las fuerzas de derecha para prolongar la duración de la comisión, evitando un enfoque claro y cronológico en las comparecencias. Araiz defendió que este tipo de investigaciones deberían tener prioridad sobre otras actividades del Parlamento, haciendo hincapié en la importancia de la transparencia.

Desde Geroa Bai, Pablo Azcona se mostró satisfecho con el resultado de la votación, resaltando que la propuesta de orden de comparecencias fue en gran medida respetada. Azcona defendió la relevancia de comenzar la comisión con el tema de Belate, ya que se trata de una obra en curso y de gran interés público.

Por su parte, Javier García del PPN criticó la falta de inclusión de figuras significativas en la lista de comparecientes, como la actual presidenta María Chivite y la expresidenta Uxue Barkos, sugiriendo que ambos tendrían información importante que aportar. García argumentó que esta comisión no debería verse como un "mercado de silencios" y exigió una mayor transparencia para recuperar la credibilidad ante la ciudadanía.

Finalmente, Miguel Garrido de Contigo-Zurekin expresó su descontento con las decisiones tomadas, señalando que el orden de las comparecencias no refleja la prioridad que deberían tener los casos más relevantes. Con esto, concluyó que la mayoría en la comisión ha decidido extender el proceso, lo que puede retrasar las conclusiones que esperan los ciudadanos.

Emilio Jiménez de Vox también se unió a la crítica, calificando la investigación de "viciada" y sugiriendo que se está utilizando como un espectáculo que no abordará las preocupaciones reales sobre la corrupción. Afirmó que esta comisión puede terminar sirviendo para "blanquear" a ciertos actores políticos, lo que intensifica la desconfianza en el proceso.