En Madrid, el 31 de julio, emergen nuevos vínculos en el centro del escándalo conocido como el 'caso Koldo'. Antonio Muñoz Cano, cuñado de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, trabajó como albañil para la empresa Servinabar entre 2019 y 2022, sumando un total de 61.669 euros por su labor. Esta empresa está en el foco de la investigación por presuntos arreglos en obras públicas.

Fuentes cercanas al exdirigente socialista confirmaron que Muñoz Cano, hermano de la esposa de Cerdán, fue albañil en Servinabar, y su trabajo se sitúa en el marco de los documentos que la Hacienda de Navarra ha proporcionado al Tribunal Supremo. Específicamente, los ingresos de Muñoz Cano se desglosan en 3.363,36 euros en 2019, 16.255 en 2020, 21.233 en 2021 y 20.818 en 2022, marcando dos períodos diferentes de trabajo con la constructora.

No obstante, Muñoz Cano no fue el único familiar relacionado con Servinabar. Según los documentos de Hacienda, Belén Cerdán, hermana de Santos, trabajó como administrativa en la empresa entre enero y junio de 2020, percibiendo mensualmente 2.000 euros. Posteriormente, asumió un rol en la asesoría encargada de las cuentas de Servinabar, manteniendo la misma remuneración y funciones, como apuntan las fuentes consultadas.

Belén Cerdán había estado registrada como trabajadora autónoma durante el tiempo que estuvo empleada por Servinabar, pero luego volvió a estar en un contrato como empleada. La cifra total que recibió asciende a 22.200,84 euros, un monto que figura en la documentación de la Hacienda Foral de Navarra, actualmente en manos del magistrado Leopoldo Puente, quien ha solicitado información tributaria respecto a Santos Cerdán, Servinabar y el administrador Joseba Antxón Alonso.

Durante su declaración como investigado, Alonso reveló que compartió vivienda con Cerdán en Madrid. Un audio presentado en el sumario muestra al exasesor ministerial Koldo García quejándose de que ambos estaban "de fiesta en fiesta gastándose la pasta".

Un hallazgo importante por parte de la Guardia Civil incluyó un contrato de compraventa donde se indica que Cerdán adquirió un 45% de Servinabar por 6.000 euros. Sin embargo, en su comparecencia ante el Supremo, Alonso intentó desvincular a Cerdán de este contrato, alegando que fue un borrador sin validez que se elaboró en 2015 cuando el exparlamentario consideraba abandonar la política por los malos resultados del PSOE en Navarra.

La Fiscalía Anticorrupción ha señalado a Servinabar como una entidad creada "ad hoc" para obtener beneficios de obras como la de Mina Muga y otras futuras en unión temporal de empresas con Acciona, sin que haya pruebas de su efectividad en las mismas.

Entre los documentos examinados por el instructor se encuentra un índice de actividad notarial que revela que Alonso actuó como representante de Servinabar en la creación de la UTE con Acciona para ejecutar diversos proyectos, incluyendo la adecuación del Navarra Arena y la renovación del Archivo General de Navarra.

Alonso defendió su decisión de asociarse en UTE con Acciona, afirmando que es una práctica común y legal para facilitar el acceso a proyectos en regiones como Navarra y el País Vasco.

En el mismo índice de Servinabar también aparece Fernando Merino, exdelegado de Acciona en Navarra, quien negó en su declaración cualquier implicación en el pago de sobornos por obras públicas, afirmando que colaborar con empresas locales es esencial para las compañías de mayor envergadura en esta área geográfica.