En el ámbito político navarro, la formación regionalista ha manifestado su desacuerdo con ciertos aspectos criticados por la letrada mayor del Parlamento respecto a sus propuestas legislativas.

En una rueda de prensa celebrada en Pamplona, la parlamentaria de UPN, Marta Álvarez, defendió que en los análisis realizados por la letrada, no se hallaron argumentos que pudieran apuntar a la inconstitucionalidad de las propuestas de ley del regionalismo. Estas iniciativas buscan asegurarse de que individuos condenados por terrorismo no puedan acceder a puestos en instituciones educativas o administrativas en Navarra, así como impedir la subvención a entidades que empleen o subcontraten a tales personas en proyectos o actividades.

A la vez, Álvarez comentó sobre un informe encargado por el PSN y respaldado por Geroa Bai y EH Bildu, que cuestiona la procedencia de las iniciativas regionalistas. En este contexto, subrayó que la letrada mayor concluyó que la Mesa del Parlamento no tenía la facultad de paralizar tales propuestas, un acto que ella considera una violación de sus derechos de participación política. De hecho, citó la opinión de la letrada que sugiere que dicha decisión es inconstitucional, infringiendo el artículo 23 de la Constitución Española.

Frente a esta situación, Álvarez ha reiterado que UPN exigirá el cumplimiento de las recomendaciones de la letrada y la tramitación inmediata de sus propuestas. En este sentido, instó a sus socios del PSN y de Geroa Bai a tomar una posición clara en defensa de la democracia, sugiriendo que deben presionar a EH Bildu para que condene el terrorismo y deje de respaldar a quienes han sido responsables de actos violentos en el pasado.

A pesar de que el encargo original a la letrada fue único para evaluar la legalidad de las proposiciones según el artículo 25 constitucional, Álvarez notó que se amplió a otras áreas potencialmente problemáticas. Sin embargo, resaltó que el informe a su vez sostiene que ambas propuestas son plenamente constitucionales.

En respuesta a los señalamientos de la letrada sobre la posibilidad de que las proposiciones no cumplan sus objetivos, Álvarez expresó su asombro por la confusión entre subvenciones y conciertos educativos, aclamando que UPN nunca planteó que sus propuestas fueran aplicables a conciertos, ya que estos tienen su propia normativa.

Sobre la falta de claridad que la letrada señalaba, subrayó que sus textos definen con precisión los puestos afectados, de manera similar a lo establecido en la ley de protección integral a la infancia que regula el acceso a tareas relacionadas con menores para personas condenadas por delitos sexuales.

“La regulación de esos puestos debería ser meticulosa, al igual que se hace con la ley de infancia, y de esa manera se evitaría que se aplique de forma indiscriminada, lo cual sí podría llevar a la inconstitucionalidad,” agregó Álvarez al defender que su enfoque no genera inseguridad jurídica, sino que la evita.

En cuanto a su otra propuesta relacionada con el Estatuto de la Función Pública, la letrada había expresado preocupaciones similares. Sin embargo, Álvarez se mostró firme al considerar que no existe ilegalidad en establecer requisitos específicos para acceder a plazas en Navarra, comparando esto con los criterios lingüísticos existentes en diferentes comunidades autónomas.

Para concluir, Álvarez expuso que con el fin de optimizar la coordinación a nivel nacional, UPN presentará una medida en las Cortes Generales alineada con sus propuestas en Navarra. “No podemos esperar a decisiones de Madrid, ya que tenemos la competencia necesaria y nuestras leyes encajan en el marco constitucional; es fundamental actuar para proteger a nuestros jóvenes de ser educados por personas cuya trayectoria no les califica para tales funciones,” afirmó contundentemente.