El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se encuentra en el centro de una pesquisa judicial que apunta a la posible existencia de delitos graves, como la integración en organización criminal y cohecho. En el caso conocido como 'Koldo', el Tribunal Supremo ha dado un paso significativo al convocar a Cerdán a una declaración voluntaria el 25 de junio a las 10:00 horas.

Dicha convocatoria surge tras la aparición de "indicios consistentes" que relacionan a Cerdán con una supuesta red de corrupción en la que también estarían implicados el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. La investigación se centra en la adjudicación irregular de contratos de obras a cambio de comisiones ilícitas, lo cual ha llevado al magistrado Leopoldo Puente a considerar el caso con seriedad.

Al ser Cerdán un aforado, Puente le ha permitido declarar de manera voluntaria, lo que representa una fase preliminar antes de solicitar formalmente un suplicatorio a la Cámara Baja para avanzar en la indagación sobre su conducta. El magistrado ha indicado que es recomendable que Cerdán se presente con un abogado, dado el contexto de las acusaciones que enfrenta. Ábalos y Koldo también han sido llamados para prestar declaraciones nuevamente un día antes de la cita de Cerdán.

El Tribunal Supremo ha tomado esta decisión tras desclasificar la pieza separada relacionada con las acusaciones, después de recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que menciona a Cerdán en repetidas ocasiones. Este informe incluye detalles que sugieren la implicación de Cerdán en el cobro de comisiones, así como la adjudicación sospechosa de obras públicas.

Puente ha explicado que el informe de la UCO cita "extremos concretos" que se relacionan directamente con adjudicaciones que podrían ser ilegales, lo que justifica los interrogatorios a Cerdán, Ábalos y Koldo, en busca de esclarecer estos nuevos hechos delictivos que se han presentado en la investigación.

La UCO realizó un registro en la vivienda de Ábalos y en varias empresas localizadas en diferentes comunidades autónomas, en una acción ordenada por Puente para recabar más información sobre este entramado. En el transcurso de esta operación, se encontraron grabaciones en el móvil de Koldo que revelan conversaciones comprometedoras en las que Ábalos admitía haber recibido un "beneficio económico" por sus decisiones en la adjudicación de obras públicas.

Asimismo, los registros no solo se enfocaron en la residencia de Ábalos, sino también en la empresa Serbinavar 2000 SL, gestionada por Antxon Alonso, la cual, según informes de la UCO, realizó transferencias a cuentas vinculadas a Koldo y su expareja durante los años 2017 y 2018, incrementando así la preocupación sobre la magnitud de las irregularidades involucradas en este caso.